La ampliación del parque fotovoltaico de Son Salomó permitirá rozar los 50 MW de potencia. | CIME?

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El tortuoso proceso para sacar adelante el proyecto de ampliación del parque fotovoltaico de Son Salomó sigue reservando sorpresas. Según ha podido saber este diario, la empresa promotora del que será el mayor parque fotovoltaico de Balears, Ceconat Menorca SL, no está de acuerdo con la cantidad que el Ayuntamiento de Ciutadella le reclama en concepto de tasas e impuestos, que se eleva por encima de 1,7 millones de euros. Desde el área municipal de Urbanismo confirman que la sociedad ha presentado un recurso –por el momento en fase de análisis– contra las llamadas liquidaciones del proyecto.

Esos algo más de 1,7 millones que se reclamaron el pasado mes de julio incluyen el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que asciende a 860.000 euros –el 3,2 por ciento de los alrededor de 26,9 millones que cuesta la ampliación–, y un impuesto especial conocido como de aprovechamientos atípicos por la utilización de suelo rústico para usos especiales, que asciende a 856.000 euros. La promotora asume el pago del impuesto de construcciones, pero considera que no tiene que hacer frente a los aprovechamientos atípicos.

Ese impuesto es el que suele aplicarse a actividades económicas en suelo rústico y normalmente se reclama para aquellos proyectos que han requerido de una declaración de interés general. Lo abonan por ejemplo los agroturismos que se implantan en la Isla. Sin embargo, la promotora considera que no es el proceso que ha seguido, ya que cabe recordar que obtuvo la declaración de utilidad pública gracias a la introducción ‘in extremis' de una disposición transitoria en la Ley de Proyectos Industriales Estratégicos aprobada en marzo del año 2019.

Ese fue el recurso de urgencia que se pactó en el Parlament para que el proyecto de ampliación de Son Salomó pudiera sortear el Plan General de Ordenación Urbana de Ciutadella, que hubiera obligado a los promotores a recortar el parque hasta convertirlo en inviable. Ahora los promotores se acogen a esa declaración para entender que no tienen que hacer frente a los aprovechamientos atípicos.

Según fuentes conocedoras del expediente, esta disputa por la cantidad a abonar en concepto de liquidaciones no debería impedir que la promotora iniciara los trabajos. No en vano, la declaración de utilidad pública ya le concede la licencia para iniciar las obras. El conflicto sobre el pago de impuestos iría en paralelo a la ejecución de las obras. No obstante, los promotores han hecho llegar a las administraciones su intención de no arrancar los trabajos hasta que se apruebe definitivamente el nuevo expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de Punta Nati, en el que se recogerá el acuerdo alcanzado entre los promotores, la propiedad de los terrenos, la Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella y el Consell.

Visto bueno al BIC

El expediente que recoge la reducción acordada de la extensión del nuevo parque recibió informe favorable de la Comisión Asesora de Patrimonio Histórico del Consell a finales del pasado mes de noviembre y desde el Consell confían en que podrá llevarse a aprobación en el pleno de diciembre o, como muy tarde, en el del mes de enero.