La UE confirma que el Gobierno necesita su visto bueno para los generadores

En declaraciones oficiales, desde el Ejecutivo comunitario se limitan a asegurar que «la Comisión está en contacto con las autoridades españolas en relación con un plan para apoyar la seguridad del suministro en los territorios no peninsulares en España». Sin embargo, fuentes del gobierno europeo aclaran que su aprobación es necesaria porque las medidas de refuerzo implicarían en la práctica una ayuda estatal a una empresa privada, en este caso Endesa, encargada de la red de media tensión a la que deberían conectarse los grupos electrógenos.

El origen del problema es que cuatro años después de la aprobación del real decreto 738/2015 que regula la producción y el despacho de energía en los territorios no peninsulares, donde se producen situaciones de monopolio muy discutidas por el gobierno comunitario, la Comisión Europea todavía no ha convalidado el texto normativo en vigor. Cabe tener en cuenta que el sistema menorquín cumple con el llamado criterio N-1, tiene cubiertas las necesidades de generación con la central y en el caso de que falle uno de los elementos puede seguir funcionando. El problema es que se ha demostrado que existe un riesgo más alto del habitual de que se produzca un N-2, que fallen dos elementos, como pasó el 28 de octubre de 2018, cuando cayeron las dos líneas de alta tensión.

Cualquier medida de refuerzo que vaya más allá de ese criterio general se observa desde la Dirección General de Competencia de la Unión como una suerte de ayuda encubierta a la empresa encargada de la generación, dificultando este tipo de concesiones de potencia adicional. Desde la Comisión Europea todavía no han tomado una decisión. Y la duda es saber qué llegará antes, la convalidación del real decreto, el permiso específico para la medida de refuerzo para garantizar el suministro de Menorca hasta la llegada del cable, o la llegada efectiva del mismo, prevista para la temporada alta de 2020.