Susana Mora: «Siento una gran responsabilidad porque sé muy bien a dónde voy»

Imagino que habrá recibido muchas felicitaciones por la presidencia. ¿Alguna le ha hecho especial ilusión?

—La de mi abuelo, el único que me queda después de que durante el pasado mandato perdiera a dos de ellos. Que me dijera que estaba contento de poder verlo y que no sabía si estaría dentro de cuatro años me emocionó.

Ahora que cada cargo está en su sitio, ¿qué sensación tiene?

—Siento una imperiosa responsabilidad. Más que en 2017. Seguramente porque ahora tengo plena conciencia de hacia dónde voy. Mantengo la misma ilusión que entonces por cambiar las cosas, pero ahora la confianza de los ciudadanos me hace notar más el peso de la responsabilidad.

Uno de los grandes temas de este mandato es el PTI. Con el crecimiento de los agroturismos el campo está cambiando. ¿Usted es partidaria de apoyar esta transformación o hay que limitarla, por ejemplo poniendo condiciones para que las boyeras se conviertan en habitaciones?

—En el equilibrio está la virtud. Y en eso Menorca es la envidia de muchos sitios que ven las posibilidades de crecimiento que nosotros todavía tenemos. El PTI de 2003 contempló la posibilidad de desarrollo turístico en el campo, una apuesta acertada, como se ve por el interés de inversores de fuera de la Isla. No se trata de restricciones sino de equilibrio.

Muchos de los proyectos a que se refiere nacieron al ampara de la NTT que ustedes derogaron. ¿Ahora se pueden frenar esas inversiones de fuera?

—No lo creo. Hemos comprobado como la mayoría de proyectos se acaban adaptando a las modificaciones normativas. Es lógico que si hay una normativa que permite hacer cien el promotor hace cien, pero a menudo haciendo 60 el promotor que ha apostado por Menorca mantiene su interés, por lo que es la Isla. De todas formas, no voy a esconder que nuestro talón de Aquiles es la lentitud de los trámites y no tanto la normativa aplicable.

Usted ha recibido a promotores que han venido a quejarse y que han estado a punto de renunciar a sus proyectos.

—Eso es verdad. La administración española es lenta y Menorca tiene un punto añadido de garantismo pero que ha permitido que los inversores se hayan fijado en nuestra Isla. Se ha visto con Hauser & Wirth. Menorca es una novia con muchos pretendientes y es verdad que se hace de rogar pero al final los promotores defienden sus proyectos.

En su programa de gobierno consta el compromiso de simplificar los trámites pero no dice cómo lo hará.

—Es un objetivo complicado porque muchas normas dependen de Europa o del Estado. Pero lo cierto es que podemos mejorar la coordinación entre los departamentos del Consell. Por ejemplo, para obtener una declaración de interés general se necesitan informes de varios departamentos. Y en este caso, con la zonificación de energía renovable cuando se apruebe el PTI no será necesaria la declaración.

Los arquitectos dicen que el PTI es una reedición sin cambios relevantes del de 2003 y sin análisis crítico. ¿Que les responde?

—Que no es cierto. Es verdad que el PTI de 2019 es una revisión del de 2003 y no hacemos un nuevo PTI. Hemos analizado lo que se ha de cambiar. Sabemos que la Menorca que tenemos hoy es gracias al PTI de 2003. Había cuestiones a matizar, como los usos en el campo o las Áreas de Reconversión Territorial (ART) o como se adaptan los ayuntamientos porque algunos después de 15 años todavía no lo están. Los arquitectos elevaron un documento que fue recogido íntegramente en este PTI.

Los arquitectos también proponen reducir las alturas de los dos hoteles de Meliá en Son Bou permitiendo la edificación de los terrenos colindantes. ¿Es factible?

—Es difícil que sea posible. Ha sido uno de nuestros objetivos, todavía estamos buscando fórmulas para que este dibujo sea posible, pero las parcelas laterales están protegidas por normas europeas y cambiar eso está muy lejos de las competencias del PTI. Seguimos hablando con los propietarios del hotel.

Si se lleva a cabo la reforma de los hoteles desaparecerá cualquier otra opción.

—Eso es una cuestión que depende exclusivamente del Ayuntamiento de Alaior. Nosotros siempre hemos informado cuando nos correspondía.

En materia de energía, los menorquines no se han olvidado del cap de fibló de octubre de 2018 y el gran apagón. ¿Piensa insistir al Gobierno para que Menorca cuente con generadores para el plan de contingencia o ya es una batalla perdida?

—No puede decir qué vamos a conseguir y cuándo, pero sí puedo asegurar que ante cualquier situación de precariedad como esta en energía, la Presidencia del Consell seguirá insistiendo donde haga falta.

¿No se peca de optimismo sobre el desarrollo del plan de transición energética, a la vista de lo poco que se ha conseguido hasta ahora en materia de renovables?

—Estoy convencida de que se podrá llevar a cabo, porque es la misma sociedad menorquina la que nos lo pide. Y corresponde al Consell liderar el proyecto. Tenemos la alineación perfecta para conseguirlo en todas las administraciones.

La extensión del gas natural en Menorca es una historia llena de dificultades. Cuatro años de trámites con muy pocos avances. ¿Cree que el gas todavía tiene interés para la Isla?

—La decisión sobre su conveniencia depende totalmente de la empresa que lo promueve. El Consell ha ido concediendo todos los permisos necesarios. Cuando estaba resuelto la tramitación de las áreas de Ponent y central, la empresa argumentó que hasta que no contará con los permisos en toda la Isla no iba a iniciar las obras, ni que fuera por fases. Yo creo que todo depende más de una estrategia empresarial que de otra cosa. Ahora, está claro que la apuesta de Menorca es cumplir la hoja de ruta de la transición energética. El gas donde hace falta es en la central térmica de Maó.

Sobre la carretera general. En su discurso como presidenta dijo que «no hay más excusas es una prioridad dar una solución a la carretera general». Sonaba a autocrítica.

—Sin duda lo era. Nosotros hemos trabajado mucho, una cosa no quita la otra. Hemos ejecutado la obra de Ferreries-Ciutadella bajo parámetros de sostenibilidad. Hemos ejecutado el acceso a Alaior pero no hemos sido capaces de dar respuesta a este tramo. Ha de ser una prioridad para este mandato.

Los informes técnicos sobre los dos puentes son conocidos. ¿Qué queda? ¿Una decisión política?

—El informe definitivo de la empresa adjudicataria todavía no se conoce. Cuando lo tengamos será el momento de tomar una decisión política.

Pero este informe seguramente no será distinto a las conclusiones que ya se avanzaron en el pleno. ¿Es posible que se llegue a demoler el puente de Rafal Rubí y se mantenga el de L'Argentina?

—Nuestro modelo es el de Ciutadella-Ferreries, pero en el tramo de Alaior-Maó no es lo mismo porque hay una obra parcialmente ejecutada con informes favorables. Hay que actuar en el marco de la legalidad. No puedo avanzar cuál será la decisión final.

¿Pero puede poner plazos?

—Podría pero al final si hay circunstancias que impiden cumplirlos generas frustración y prefiero no hacerlo. Los ciudadanos merecen un poco más de respeto. Lo que tengo claro es que no vamos a demorar la decisión.

La addenda del convenio de carreteras no está aprobada por el Consejo de Ministros y ahora mismo no hay dinero para continuar las obras. ¿El Consell va a avanzar el dinero para que los trabajos continúen?

—El Consell, que cuenta con el presupuesto más elevado de su historia, dispondrá de dinero para continuar las obras. Nuestra liquidez no me preocupa pero sí me preocupan los presupuestos generales del Estado. En los que no se aprobaron ya constaba una partida a transferir al Consell para la carretera.

La mejora de la economía del Consell permite acabar con la política de austeridad.

—Una cosa es la política de austeridad para reducir la deuda de las administraciones y otra la política de racionalidad, que ha de imperar siempre. Se aplicaron recortes necesarios y eso implicó déficit de personal y de servicios a los ciudadanos. En esos momentos, mientras se recortaban servicios a los ciudadanos otros se privatizaban y subían los costes para la Administración. De todas formas, no tenemos previsto incrementar la deuda actual del Consell, que hemos reducido durante el pasado mandato.

Cinco directores insulares más parece diagnosticar el fin de la austeridad. ¿Puede concretar para qué hace falta ampliar el equipo político del gobierno insular?

—Para dar servicios a los ciudadanos se necesitan manos que trabajen, tanto en personal como en gestores políticos. El Consell de Menorca es uno de los que tiene menos estructura político-técnica de Balears. En Eivissa tienen secretarios generales, por ejemplo, además de los directores insulares. Durante este mandato hemos incrementado de forma exponencial la actividad, tenemos más presupuesto y hemos gestiona programas que no son competencia. En Bienestar Social funcionamos con un solo director insular y creemos que no tiene sentido, otro se dedicará a Servicios Generales y el tercero de las áreas del PSOE se asigna a Miquel Company, el hombre fuerte de este equipo, según dice «Es Diari». También creo lógico otra dirección insular en Cultura y Deportes y la última asignada a Cristina Gómez. La distribución no responde a intereses de partido, sino a necesidades de gestión.

¿Cree justificado que casi todos los ayuntamientos acuerden importantes subidas de retribuciones? ¿El Consell seguirá el mismo camino?

—Los ayuntamientos son las administraciones que más han sufrido las políticas de austeridad. Esta situación implicó la denostación de la política local, la más importante. Los salarios habían bajado mucho. Creo en el seny de los ayuntamientos en las decisiones que adoptan ahora.

¿Puede comprometerse ‘ante notario' a tres objetivos que seguro que cumplirá en este mandato?

—Pues... me voy a comprometer a cinco. Desarrollar la hoja de transición energética 20/30 según el calendario previsto; aprobar el PTI; plazas de dependencia; crear una bolsa de cien viviendas a disposición de los ciudadanos y terminar el tramo de Maó a Alaior.