Una comisión insular valorará la posibilidad de 'perdonar' el cumplimiento de alguno de los requisitos normativos en materia turística. El decreto de medidas urgentes en materia urbanística aprobado en enero por el Govern del Pacte mantiene esta posibilidad que ya contemplaba la Ley Turística y que abre la puerta a que el empresariado pueda solicitar a la administración una «dispensa» de algunos de los parámetros exigidos por la normativa turística, siempre que se considere que el proyecto es «conveniente» por el interés general, tal como recoge el articulado.
Para hacer posible esta vía, será una comisión integrada dentro de cada una de las administraciones turísticas insulares la que va a decidir si se concede o no esta exoneración.
El equipo de gobierno insular prevé aprobar hoy en el pleno el reglamento de la Comissió de Valoració de Dispenses de carácter turístico al tratarse de una «obligación legal» puesto que el Consell cuenta con el traspaso de las competencias en materia de ordenación turística.
Este ente de carácter consultivo, deliberante y sin personalidad jurídica estará compuesto por el conseller del ramo y dos vocales técnicos en la materia que va a proponer el conseller.
Los informes que emita deben aprobarse por mayoría y deben estar fundamentados. Los componentes pueden solicitar la colaboración de los técnicos competentes o de otras administraciones públicas o asociaciones que tengan relación con este sector.
El reglamento establece, además, tres meses como plazo máximo de emisión de resultados desde que la comisión haya recibido la petición.
Una vez se apruebe el reglamento, habrá un período de treinta días para presentar reclamaciones, objeciones u observaciones. Posteriormente, deberá conceder audiencia a las asociaciones vecinales, de consumidores y usuarios que guarden relación directa con el objeto del reglamento.
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