El Consell ha respondido, a través de su director insular Gabriel Pons, para advertir de «la situación de desamparo» en que se encuentra la institución insular «cuando, sin mediar ninguna comunicación oficial, el Govern decide no reconocer obligaciones a nuestro favor porque las justificaciones correspondientes (debido a sus problemas internos) no han llegado a tiempo, interpreta la normativa a su conveniencia o anula directamente compromisos contraídos en ejercicios futuros».
Esta situación, describe Pons Moles, «se ha agravado en los últimos ejercicios, a raíz del enorme retraso sufrido en el pago, lo que provoca consecuencias desfavorables para la Corporación insular». No obstante, apunta, la incidencia «parece estar en vías de solución al haber mejorado la dinámica de pago del Govern».
El informe de la Sindicatura incluye 16 recomendaciones para mejorar la gestión financiera del Consell, que en 2013 hacía un mal uso del Fondo de Contingencia para afrontar pagos discrecionales y aporta cada año dinero al Consorcio insular de Disciplina en Rústico con un «grado de incertidumbre tan alto» que desde 2006 ya acumula 1.124.000 euros de previsión de recaudación por multas que aún no ha ingresado.
79 alegaciones
El Consell ha presentado 79 alegaciones al informe de la Sindicatura, que «tendremos mucho en cuenta», aunque la incorporación de sus medidas a la actividad financiera insular «dependerá de las circunstancias concretas de cada supuesto».
La consellera de Servicios Generales, Cristina Gómez, achaca los «errores, retrasos y omisiones» detectados por los síndicos a las «notables dificultades» que sufre la Administración insular, al tener que actuar lastrado por «la falta de medios personales en un escenario de congelación de plantillas y de dificultades económicas que complican destinar más recursos a servicios internos». Y, aunque «existe un esfuerzo por adaptar la actividad financiera» a lo recomendado, ésta solo puede encararse «de forma pausada».
El presupuesto de 2013 fue aprobado con la disconformidad expresa en algunos puntos de la propia secretaria y el interventor del Consell. Así que el actual gobierno insular se compromete a «intentar modificar los actos administrativos» apuntados.
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