Asimismo, han manifestado que muchas de las modificaciones aprobadas por el Govern en materia urbanística tendrán una repercusión muy negativa para la supervivencia del sector y, nuevamente, muchas explotaciones se verán abocadas al abandono.
Agrame ha lamentado que el decreto aprobado recientemente por el Ejecutivo autonómico ha establecido importantes modificaciones en la normativa urbanística que afecta a las explotaciones de las islas y se han suprimido bastantes de las medidas que se habían introducido durante los últimos años y que, según fuentes de la asociación, "estaban encaminadas a recuperar y reactivar la actividad de las explotaciones agrícolas, con la finalidad de rentabilizarlas y evitar su abandono".
La entidad ha puesto de manifiesto que la aprobación de la Ley Agraria de Baleares supuso un gran avance para recuperación del sector.
"Dicha norma, que fue consensuada y contó con la participación del sector, ha sido ahora modificada por el nuevo Govern mediante una disposición", han señalado.
Agrame ha remarcado que la reforma de la Ley Agraria supone eliminar los requisitos especiales de las explotaciones agrarias preferentes para llevar a cabo la actividad de agroturismo, las cuales no estaban sujetas a los requisitos de antigüedad y superficie de parcela.
"A partir de ahora esas explotaciones se rigen por los mismos requisitos de la Ley de Turismo de Baleares. Es decir, entre otros, las edificaciones deben tener una antigüedad anterior a 1 de enero de 1960 y las fincas una superficie mínima de 21.000 metros cuadrados", han matizado.
Además, han subrayado que el anterior Art.83 de la Ley Agraria exceptuaba de la necesidad de obtener la declaración de interés general para aquellas actividades consideradas como actividad complementaria a la actividad agraria.
"Con la modificación del Govern, esa declaración será necesaria, además de las licencias urbanísticas, de actividad y demás requisitos previstos en la legislación vigente", han apuntado.
La entidad ha destacado también que los caminos, pistas forestales, bancales, cerramientos, redes eléctricas, redes de riego, embalses, aljibes, redes de telecomunicaciones, instalaciones de energías renovables, entre otras infraestructuras y dotaciones de servicio vinculadas a una explotación deberán regirse, tras la reforma de la Ley Agraria, por lo establecido en las normas de la Matriz de Ordenación del Suelo Rústico.
Antes de la modificación esas infraestructuras tenían la consideración de usos admitidos y se regían por lo establecido en la Ley Agraria para el resto de actuaciones.
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Siempre pasa igual con esta democracia, los que vienen cambian todo lo que han echo los que antes mandaban, este bien o mal. La cuestión es cambiar y putear a los ciudadanos mientras los políticos cobran a final de mes.