El Ministerio de Justicia no cerrará ningún juzgado de Menorca, aunque finalmente prospere la propuesta de «concentración» de los edificios en una sola sede provincial en Palma. Otra cosa es que los inmuebles sigan regidos por jueces y continuen instruyendo propiamente los casos que atañen a la Isla, como hasta ahora. La contestación oficial del Ministerio al acuerdo del Consell insular del pasado 15 de julio, reclamando a instancias del PSM que la nueva Ley de Demarcación y Planta no se cargue los juzgados de Menorca, no despeja dudas.
En respuesta al presidente Santiago Tadeo, la subdirectora general del Ministerio de Justicia, Isabel Tarazona, tan solo aclara que la «reordenación territorial» propuesta por una comisión «no supondrá en ningún caso el cierre de ninguna sede o infraestructura judicial». Es más, anuncia que «se aprovecharán las estructuras ya existentes, sin perjuicio de que el modelo se inspire hacia un nuevo proceso de concentración y especialización». Se trata, insiste Tarazona, de «adaptar el mapa judicial a la realidad demográfica, económica y social actual» para «ganar flexibilidad y optimizar los recursos existentes».
Aunque la subdirectora incide en que la propuesta «no es un texto del Ministerio» y requiere de «un amplio proceso de diálogo en aras del consenso», deja claro que el objetivo es «establecer tribunales de instancia, como órganos de primer grado, en todos los órdenes jurisdiccionales». Su demarcación y jurisdicción «será provincial, salvo en Madrid y Barcelona», para «no coincidir así con los actuales partidos judiciales diseñados en el siglo XIX conforme a los transportes y comunicaciones existentes en ese momento».
A instancias del PSM
La respuesta oficial, fechada el 30 de septiembre y que tuvo entrada en el Consell hace apenas 15 días, no define con claridad si finalmente será tenido o no en cuenta el rechazo expreso de la corporación insular al actual texto que maneja el Ministerio. El acuerdo de pleno instado por la consellera nacionalista Maite Salord, y asumido también por los grupos del PP y PSOE, mostraba el «más absoluto rechazo» de la institución a la nueva Ley de Planta para evitar que todos los juzgados se centralizaran en Palma. La moción, que solicitaba la retirada inmediata del documento, abogaba también por «respetar una distribución de los partidos judiciales que responda a la realidad geográfica y pluriinsular de las Islas». Para ello, reclamaba que la solución fuera «previamente dialogada y pactada con los consells y el Govern».
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