El Ayuntamiento de Es Mercadal teme que el Real Decreto de medidas urgentes elaborado por el Gobierno central para el pago a proveedores acabe otorgando un trato desigual a las entidades locales en función de si estas tienen o no facturas pendientes. Por eso, desde el Consistorio se han remitido sendos escritos tanto a la FELIB como a la FEMP, para que estos órganos ofrezcan su interpretación del decreto, y puedan despejarse así estas "sospechas".
El alcalde de Es Mercadal, Francesc Ametller, explicó ayer que el servicio de intervención municipal tiene dudas fundadas en relación a la obligación que el decreto fija a los gobiernos autonómicos para que abonen a los ayuntamientos los pagos adeudados, considerando a las entidades locales también como proveedores.
Ametller se remite al artículo 9 que afecta a las transferencias de las comunidades autónomas, donde se explicita que los gobiernos autonómicos deberán abonar a los ayuntamientos las cantidades que les adeuden siempre que estas se hubieran contraído antes del 31 de mayo de 2013. Esto será así, sin embargo, "siempre que la Entidad Local tenga obligaciones pendientes de pago que haya debido incluir en esta nueva fase del mecanismo". Esta es, para Ametller, la parte que siembra dudas en el Consistorio. "Espero equivocarme, pero del texto se desprende que si el Ayuntamiento tiene facturas pendientes, el Govern tendrá que abonar al Consistorio, de lo que le debe, la cantidad suficiente para que el Ayuntamiento pueda liquidar sus deudas con sus proveedores", explica. Así, el alcalde se pregunta "¿qué sucede si el Ayuntamiento no debe facturas? ¿El Govern deja de tener la obligación de pagar su deuda al Ayuntamiento? ¿Y si el Ayuntamiento ha suscrito un crédito para pagar facturas, se considera este gasto un pago a proveedores?".
3 millones pendientes
Ametller recuerda que el Ejecutivo autonómico debe a Es Mercadal 3 millones de euros, una cantidad que, lamenta, no se ha ido reduciendo con el paso de los meses. "El Govern sigue sin pagar, y este retraso lo está pagando el ciudadano, porque el Ayuntamiento paga unos 100.000 euros al año por los intereses de un crédito que es fruto de los incumplimientos del Govern".
Es en este contexto que desde Es Mercadal temen que el Decreto Ley para el pago a proveedores "sea una trampa, un caramelo envenenado para los ayuntamientos que menos deudas tengan, y que en cambio, acabe beneficiando a aquellos que tienen una mayor deuda".
Por eso, y para salir de dudas en relación a la interpretación del texto, el Ayuntamiento ha solicitado a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears y a la Federación Española de Municipios y Provincias que haga su interpretación. "De momento, en una llamada al presidente de la FELIB, éste me dijo que no lo sabía", apunta Ametller, quien esperará ahora que las dos entidades emitan su propia valoración sobre este asunto.
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