Redacción MenorcaMaó10/01/13 0:00
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El próximo día 18 la vivienda unifamiliar construida en terrenos del predio de Binifadet, en Sant Lluís, y diseñada por el arquitecto Lluís Vives -también autor del diseño de la actual sede del Consell de Menorca-, será historia. Ese día concluye el plazo fijado por los tribunales para ejecutar la demolición del chalé de lujo edificado en las proximidades de los viñedos, según confirmaron ayer fuentes del Ayuntamiento de Sant Lluís, que ahora se enfrenta a las consecuencias económicas que pueda tener la concesión de una licencia que se remonta a la etapa del socialista Llorenç Carretero en la alcaldía, concretamente a junio de 2004.

Las obras de demolición, que realiza la empresa Juan Mora S.A. ya han comenzado y prosiguen estos días al ritmo requerido por la sentencia judicial, contra la que no cabe ya ningún recurso. El Ayuntamiento de Sant Lluís ha agotado todas las posibilidades legales de frenar la demolición, con el objetivo de eludir así también una reclamación patrimonial que ya en octubre de 2008 el promotor de la vivienda cifró en 1,8 millones de euros. De momento, y aunque el Consell insular también abrió un expediente contra la vivienda, a raíz de una inspección del Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico, la demolición la paga el Consistorio de Sant Lluís. Éste pidió al Consell que continuara con el expediente de ejecución subsidiaria de la demolición, pero el departamento de Ordenación del Territorio ya advirtió a comienzos de 2012 que la institución insular no podía sustituir al Ayuntamiento en la ejecución de la sentencia.

Ocho años en litigio
En septiembre de 2004 el entonces concejal del PSM en Sant Lluís, Guillem Mercadal, presentó un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo tomado, tres meses antes, por la comisión de gobierno del municipio, y en el que se concedía la licencia para construir la vivienda anexa a la explotación agrícola de Binifadet. En marzo de 2006 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Palma anuló dicho acuerdo municipal, tomado por PSOE y UCM, y lo declaró ilegal, ya que el Plan Territorial Insular prohibía dicho tipo de edificaciones, de nueva planta, en suelo rústico. Después de años de polémica y de enfrentamientos políticos, las máquinas han entrado para derribar la vivienda.