El juez que instruye el caso Over Marketing, José Castro, ha imputado al expresidente del Govern, Jaume Matas, al exdelegado del Gobierno en Balears y exconseller de Interior, José María Rodríguez, y al cuñado de Matas y extesorero del PP balear, Fernando Areal, dando así un paso más en el marco de la causa que estalló recientemente en torno a la presunta financiación ilegal del partido en las Islas y el supuesto amaño de contratos en favor de Over.
En concreto, según el auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Rodríguez ha sido citado para el día 12 de este mes, a las 10.30 horas, mientras que Matas y Areal -quienes ya fueron imputados por el mismo magistrado dentro del caso Palma Arena-, han sido emplazados para el día 13 a partir de las 9.30 y las 11.00 horas, respectivamente.
De acuerdo con la resolución judicial, Matas, investigado por otro lado en el caso Palma Arena a raíz del enriquecimiento presuntamente ilícito del que gozó cuando era presidente, y condenado a seis años de cárcel en una de las piezas de esta causa, será interrogado en torno a sus relaciones con Over y con su administrador Daniel Mercado, principalmente en relación a la financiación de las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, cuya creatividad asumió esta empresa publicitaria.
Y es que, tal y como confesó ante el juez el propio Mercado, en lo que se refiere a la primera de estas campañas pactó con Matas poder cobrar parte de los gastos en dinero negro, e incluso manifestó que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos electorales que se debían cobrar en negro y no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.
El cuñado de Matas pagaba
Mercado explicó cómo Areal establecía los pagos en dinero A y B -opaco al fisco-, si bien en una ocasión fue Rodríguez quien efectuó el pago de dinero negro, en las antiguas oficinas del partido. "Pero el grueso de los pagos en negro me los hizo Areal, a quien supongo que Matas ya le había dado instrucciones", apuntó el declarante.
Al hilo de lo anterior, Mercado recordó que quien dirigía la campaña electoral era el propio expresidente, si bien los interlocutores directos con él eran la exconsellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, y el exconcejal de Urbanismo en Palma, Javier Rodrigo de Santos. Y es que, apuntó, cuando Matas era ministro "tenía muy poco tiempo para atenderme, por lo que el trato más directo lo tenía con Cabrer y De Santos".
Sobre el papel de José María Rodríguez, quien ya estuvo a punto de ser imputado en el marco de otra causa de presunta corrupción, el caso Andratx, Mercado apuntó que se trataba del dirigente que "realmente tomaba las decisiones en el PP". Según recordó, los presupuestos que presentaba a los exaltos cargos del PP en relación con los comicios eran supervisados por Rodríguez, ya que éste tenía "una gran experiencia en costes de campañas electorales".
Precisamente respecto a Rodríguez, los investigadores tienen en sus manos un documento con la anotación 'Reclamar pagos pendientes: José María Rodríguez 80.000', lo que, según explicó Mercado, obedecía a que "este resto" se le tenía que abonar "en concepto de los servicios electorales". "Consigné el pago para reclamárselo a Rodríguez porque entendía que en el organigrama del PP el señor Areal era un mero ejecutor, y quien tomaba realmente las decisiones era Rodríguez", aseveró.
Rodríguez, exsenador por Balears y exsecretario general del PP en las Islas, ya se vio las caras con la Justicia cuando en junio de 2010 el juez Francisco José Pérez le citó como testigo en la causa de corrupción urbanística conocida como 'caso Andratx', para ser interrogado sobre si fue él quien alertó al exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo -quien cumple condena por este proceso-, de que iba a ser detenido, todo ello la misma mañana de los hechos.
Reunión en presidencia
De hecho, tan sólo dos días antes, Rodríguez e Hidalgo mantuvieron varias llamadas para concretar la reunión que, por la tarde, tendrían con Matas en la sede de la Presidencia del Govern, donde el expresidente insinuó al alcalde que algo iba a suceder en su Ayuntamiento y que, en ese caso, debía dimitir. Al día siguiente, domingo, Hidalgo acudió al Consistorio para destruir documentos que posteriormente fueron encontrados por la Guardia Civil en la basura. Durante la declaración de Rodríguez, el magistrado le advirtió en varias ocasiones de que podía ser imputado por un delito de falso testimonio ante las contradicciones en las que el exconseller estaba incurriendo durante el interrogatorio.
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