Desde finales del año pasado, el Ayuntamiento de Ciutadella concede un plazo de 18 meses a aquellas personas que hayan cometido una irregularidad urbanística en suelo rústico que implique la demolición de lo construido ilegalmente para que efectivamente procedan al derribo. El teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon Sampol, explica que "es un plazo más que razonable", pero que tiene una razón de ser, sobre todo en el caso de obras irregulares en hortales.
Desde hace un tiempo, en el Consistorio de Ciutadella esperan que una normativa territorial superior pueda facilitar la legalización de una parte importante de los hortales del municipio. En concreto, se habla de la Norma Territorial Transitoria que el Consell prepara como previa a la modificación del Plan Territorial Insular (PTI), y también de la Ley del Suelo del Govern balear, que podría incluir una amnistía general para las edificaciones en suelo rústico con más de ocho años, según informaciones periodísticas publicadas en Mallorca.
En vistas a que alguna de estas normativas pudiera materializarse y suponer un cambio importante en la actual regulación urbanística del suelo rústico y sobre todo de los hortales, Sampol abre la puerta a ser flexible con estas órdenes de demolición. Lo hace, dice, porque no tendría sentido que se obligara a demoler una construcción que pocas semanas después pudiera ser legalizada simplemente porque expirara el plazo de 18 meses concedido en su día.
No obstante, para que algún propietario pudiera beneficiarse de esta flexibilidad, "debería demostrar una clara voluntad de colaborar en la legalización del núcleo de hortales, asumiendo los costes que de este proceso se deriven". En este sentido, cabe recordar que cuando se inicie la legalización de un núcleo de hortales, sus propietarios deberán hacer frente a los gastos de un proyecto de urbanización y de dotación de los servicios obligatorios que se especificarán en la normativa. Si el propietario del hortal con irregularidades urbanísticas presuntamente legalizables no se muestra predispuesto a asumir estos costes, Ramon Sampol es claro al asegurar que "la orden de demolición seguirá adelante".
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