La Justicia no ve pruebas de engaño de la UTE funeraria

Recuerda la Sala que, según la acusación, "la cuestión nuclear de la presencia del engaño en el momento de la concertación del negocio radica (…) en la falta de la preceptiva licencia administrativa, conociéndose esta circunstancia por el prestador del servicio".

"Sin embargo, ello –añade-, no tiene la fuerza o envergadura necesaria para entender que, con ello, trató de obtener un desplazamiento patrimonial a su favor". Para la Audiencia, "el hecho de que (la UTE funeraria) fuese consciente de aquella falta de licencia o autorización y de que cobrase por ello, teniendo intención y habiendo obtenido la legalización a posteriori, no nos permite no sólo apreciar el engaño, sino que tampoco el perjuicio causado, lo que reconduce el problema a una cuestión de eminente carácter administrativa".

E ilustra el fallo judicial: "La estafa existe únicamente en los casos en los que el autor simula un propósito serio de contratar cuando en realidad sólo quería aprovecharse del cumplimiento de la parte contraria y del propio incumplimiento, propósito difícil de demostrar que ha de obtenerse normalmente por la vía de la inferencia o de la deducción".

El Presidente de la Associació en Defensa de sa Propietat, Joan Pons Florit, ha afirmado que el colectivo "acata" el auto, aunque no lo comparte y ha destacado que en la resolución judicial se reconoce el hecho de que la UTE era consciente de la falta de licencia o autorización y a pesar de todo cobraba por ello, aunque concluye que no hay indicios suficientes de que hubiera intención de engañar.

También se dice en la resolución -recuerda Pons Florit-, que la UTE subsanó la falta de permisos y acabó por solicitarlos, "sin entrar a considerar que lo hizo después de las denuncias de la asociación, y no antes". El presidente de la entidad recuerda que "en ocasiones, cuando ya había pasado más de medio año desde que se llevaron a cabo las exhumaciones, era cuando solicitaban los permisos".

Joan Pons anuncia que "desde la asociación seguiremos luchando porque se rescinda el contrato a esta UTE que ya ha sido sancionada con 171.000 euros en sentencia judicial firme por la práctica de numerosas exhumaciones e incineraciones que no estaban autorizadas por la Conselleria de Salud y Consumo del Govern balear cuando se realizaron".