Ciutadella avisa de que privatizar el puerto sería ineficaz y subiría los precios

Finalmente, ha sido el Consistorio quien ha encargado este informe que ya está en manos de Ports de les Illes Balears y al que ha tenido acceso este periódico. Y el documento es contundente a la hora de avisar de los prejuicios que podría ocasionar una privatización del puerto de Ciutadella. Resumiendo, se avisa de que no se conseguirían los resultados esperados, que se propiciaría una gestión ineficaz, unos precios más caros para los usuarios e incluso un caldo de cultivo propicio para "favores políticos de dudosa legalidad".

El informe, realizado por un abogado conocedor de primera mano de la realidad del puerto de Ciutadella y especialista en ordenación del territorio, admite que el sistema de privatización puede ser útil en determinadas instalaciones y puertos, pero ciñéndose al caso de Ciutadella, avisa de que las peculiaridades son tantas que el proceso provocaría varios efectos negativos importantes.

Así, por ejemplo, avisa de que la falta de competencia de otros puertos similares (el más cercano con características similares es el de Fornells) podría dar lugar a un monopolio "en manos privadas que podría desembocar en una nula eficiencia de la operación, ocasionando unas subidas de precios injustificadas". El informe va más allá, asegurando que este clima monopolístico "favorecería al mismo tiempo la existencia de favores políticos de dudosa legalidad".

El documento, compartido en su contenido por el equipo de gobierno, prosigue analizando los posibles efectos sobre las arcas públicas de una privatización. El informe apunta que para el sector público, la externalización solamente tendría sentido si con ella se obtienen más ingresos que con la gestión directa y se consiguiera una mejor eficiencia en la actividad. En este sentido, el abogado apunta que "la mejora de la eficiencia, estrictamente hablando, en este caso es discutible, puesto que Ports dispone de suficiente personal debidamente formado para que la gestión pública sea igual de eficaz que una hipotética gestión privada".

Además, el documento también entiende que las posibilidades de que el supuesto gestor privado realizara inversiones para mejorar el puerto serían muy limitadas por las propias características físicas del puerto, con lo que tampoco en este aspecto se saldría ganando con la privatización.

VALOR SOCIAL

El informe se centra también en analizar los aspectos no directamente de gestión del puerto interior, como sus funciones sociales o su importancia para el turismo. En este punto, el documento es directo al apuntar que "estos factores podrían verse desestabilizados por la existencia de una gestión privada, que antepone los beneficios de su propia empresa ante otros valores de mayor importancia para la sociedad. La protección de estos valores no puede verse violada atendiendo solamente a criterios de rentabilidad".

Finalmente ha sido el Ayuntamiento de Ciutadella quien ha pedido a Ports que no privatice la rada interior, pero el autor del informe considera que esta situación es insólita. Así, su autor apunta que "resulta cuando menos curioso que la Administración que encarga este informe sea el Ayuntamiento de Ciutadella, cuando la Administración competente que debería justificar los motivos para proceder a la privatización del puerto es Ports de les Illes Balears. Privatizar por privatizar no tiene ningún sentido hoy día, y corresponde a la Administración competente justificar las medidas que quiere tomar".

En este punto, el abogado autor del informe critica la falta de claridad del ente público a la hora de justificar la privatización, asegurando que "al no exponer los argumentos que justifiquen determinadas decisiones se pueden despertar dudas sobre qué es lo que de verdad interesa, si no son otras cosas que premeditadamente pretenden ser ocultadas".