La cuestión, aparentemente, era simple. Se trataba de convertir dos ventanas del palacete de Ca n'Olives en puertas para dar un uso comercial a los bajos del inmueble. Nada de lo que no constaran antecedentes en el núcleo antiguo de Ciutadella. Detrás de la iniciativa, el interés del gestor catalán Benet Figueras, representando al Grupo Cortefiel, fundado en Madrid hace 130 años y con 1.707 puntos de venta en todo el mundo, por ampliar su negocio. El coloso de la moda europea ya abrió, de hecho, hace unos meses, una tienda Women'Secret en la planta baja de la casa señorial de la familia Olivar Despujol, delante de la Catedral de Menorca.
Ante el interés expresado por Cortefiel, el propietario del palacete, Gonzalo de Olives Lluch, pidió la modificación puntual del Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico pensando que el trámite se resolvería sin mayores complicaciones. Era el 12 de enero de 2006. Nada invitaba a pensar que el curso del expediente se torcería, toda vez que la Comisión de Patrimonio Histórico dio su visto bueno a la modificación solicitada. El problema surgió cuando el Ayuntamiento de Ciutadella solicitó de oficio un informe de impacto ambiental a la Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA), un trámite que el propietario del inmueble califica de "improcedente" y que ha motivado, seis años después, que el Govern archive el expediente medioambiental debido a la negativa del solicitante a satisfacer el pago de las pertinentes tasas del trámite ambiental. El consistorio ha actuado en consecuencia y en un escrito fechado el pasado 13 de julio, el concejal de Urbanismo, Ramon Sampol, resuelve tener por desistido al promotor y archivar el expediente municipal. Argumenta "la imposibilidad de continuar con el procedimiento administrativo relativo a la modificación puntual del Plan Especial". Después de varias denuncias de mora, el propietario, Gonzalo de Olives, ha reclamado copia de toda la documentación obrante en el expediente administrativo, con suspensión del plazo para recurrir en reposición; esto es, antes de emprender la vía del contencioso. Tal es, en pocas palabras, la historia de este caso que lleva al común de los ciudadanos a plantearse qué sentido tiene solicitar un informe de impacto ambiental para algo tan simple como transformar dos ventanas en puertas y máxime cuando el proyecto cuenta con las bendiciones de la Comisión de Patrimonio. Lo cierto es que el caso, seis años después, ha llegado a un sorprendente punto muerto. Todo ello, en un momento en que los gobiernos insular y autonómico repiten machaconamente que hay que reducir, como sea, la burocracia y agilizar en lo posible los trámites administrativos para alimentar la inversión privada y estimular la economía.
A través de diferentes escritos, Gonzalo de Olives Lluch ha mostrado su disconformidad con el curso seguido por los hechos, en especial con el archivo del expediente municipal. Así, el 14 de febrero pasado recordaba en uno de ellos que ya el 21 de abril de 2010 presentó un informe de conclusiones y una memoria firmada por el arquitecto Llorenç Seguí Triay, en la que éste aseguraba que el informe ambiental solicitado de oficio por la corporación municipal no era preceptivo. Insistía en que las obras a realizar "no suponen impacto ambiental alguno". En un escrito anterior, de 9 de febrero, incidía en la misma conclusión: la obra "no supone ningún riesgo ni peligro potencial para el medio ambiente de la isla de Menorca".
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