Excede al gasto anual de personal del Consell, suma más del doble del gasto corriente de todo el ejercicio 2012 del Ejecutivo, iguala el importe que el Ministerio de Fomento ha invertido en la construcción de la variante de Ferreries y multiplica por seis el préstamo que la Institución ha firmado para pagar la deuda pendiente a proveedores.
Estos son solo unos pocos ejemplos que escenifican el millonario importe y por lo tanto las dificultades que supone para el Consell el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes de pagar 16,1 millones, más intereses a Siteme Menorca. Así es como ni las partidas de mayor cuantía contempladas en los presupuestos del Consell -como son, entre otras, las de personal y de gasto corriente- ni las obras de mayor envergadura ejecutadas en la Isla -como es la variante- superan el importe de la sentencia.
Y es que el pago asciende a 22,3 millones puesto que a los 16,1 de la indemnización a Cesgarden hay que sumarle cerca de 6,3 millones en concepto de pago de intereses (partida cuantificada hasta el 8 de mayo de 2012). Asimismo, habrá que añadir el importe relativo a una parte de la sentencia, aun pendiente de cuantificar.
Tal y como contempla el informe elaborado por los servicios de intervención del Consell, "el cumplimiento de la sentencia es de extrema dificultad, no hay atajos posibles". Para entender la magnitud del problema, el interventor añade una nueva comparación. Y es que el importe de los intereses a raíz de esta sentencia suman 644.566 euros al año. Si comparamos esta cuantía con el importe presupuestado en concepto del programa de Renta Mínima de Inserción que da apoyo a personas sin medios económicos, los intereses superan aun en 144.500 euros una ayuda social básica para los más necesitados. "En el hipotético caso de suprimir la ayuda, ni tan siquiera conseguiría pagar los interesos anuales", indica el interventor.
El "grave trastorno a la hacienda insular" que supondría el pago de los 16,1 millones ha llevado al equipo de gobierno a buscar alternativas, una postura ante la que los partidos de la oposición dieron total respaldo ayer en el pleno de la institución insular.
La propuesta de acuerdo que el equipo de gobierno popular proponía fue aprobada no solo con los votos a favor de los dos partidos de la oposición sino que además estuvo respaldada verbalmente con adjetivos que avalan la propuesta del Consell.
Así, el socialista Joan Marquès tildaba de "responsable" y "coherente" la actuación desarrollada además de tener el convencimiento de que "hay suficiente base jurídica que respalda al Ejecutivo".
Por su parte, la nacionalista Maite Salord se mostraba sorprendida de la sentencia "cuando hasta el momento el Consell había salido inmaculado ante otras sentencias, en torno a unas 50, interpuestas por motivos del PTI". No obstante, Salord compartió la postura de que "hay suficientes argumentos para presentar incidente de nulidad y de ejecución" y concluyó que "es importante que la institución en bloque defienda los intereses de todos los menorquines, lejos ya de siglas políticas".
La aprobación de la propuesta de acuerdo contempla, por tanto, la formulación por parte de la representación procesal del Consell de incidente de nulidad -en caso de desestimarse el incidente de nulidad pendiente aun ante el Tribunal Supremo- donde la defensa invocará aspectos que no pudo defender en anteriores procesos, así como la formulación de incidente de ejecución ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears manifestando el "quebranto y trastorno" que supondría para la hacienda pública del Consell el pago de la cuantía dictada en la sentencia.
Por otra parte, el Consell manifestará ante la Justicia su disponibilidad a ejecutar la sentencia a través de un convenio urbanístico con la propiedad de las parcelas afectadas que contemplaría la modificación o revisión del PTI como alternativa total o parcial al pago en efectivo.
El conseller de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, apunta que "estamos abiertos a consensuar alternativas", ya sea en la reversión del acuerdo que contempló el Plan Territorial en 2003, ya sea con otro tipo de convenios urbanísticos que se pacten con la propiedad.
La sorpresa planteada por la consellera nacionalista, Maite Salord, era compartida por el máximo responsable en Ordenación del Territorio quien manifestaba que "hay aspectos jurídicos que sorprenden", por ello, solicitamos incidente de nulidad para "defendernos" y señalaba que "seguiremos descifrando el motivo por el que el Consell tiene esta responsabilidad económica tan importante".
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