El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves en un Pleno de carácter extraordinario su propuesta de nuevo mapa de demarcaciones judiciales que, en el caso de Balears, únicamente altera la situación de Menorca puesto que plantea aglutinar los jueces de Maó y Ciutadella en una única demarcación judicial, mientras que mantiene igual los de Palma, Manacor, Inca y Eivissa.
De este modo, quedarían unificados en un sólo partido los dos juzgados mixtos (Primera Instancia e Instrucción) de Ciutadella y los otros tres existentes en Maó, al tiempo que las demarcaciones judiciales de las islas pasarían de ser seis a cinco. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) dispone, al igual que los de las demás Comunidades, de tres meses para presentar sus sugerencias y aportaciones.
A nivel nacional, la propuesta contempla la reducción hasta los 190 partidos judiciales de las actuales 431 unidades judiciales en España. Los vocales han acordado trasladar lo que denominan "documento de trabajo" a las Salas de Gobierno de los tribunales superiores de justicia.
El documento, salvo algunas aportaciones de última hora agregadas por un grupo de vocales, corresponde al aprobado por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces el pasado 19 de abril. Tras las aportaciones que puedan hacer los distintos órganos de gobierno del poder judicial, el documento será remitido al Ministerio de Justicia, que es el competente para producir a la reorganización del mapa judicial español.
Reorganización, no supresión
A lo largo de su comparecencia ante los medios, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha insistido en la "provisionalidad" del documento, cuyo objetivo es "abrir el debate", y ha negado que vayan a suprimirse partidos judiciales. "Se trata de reorganizarlos en un nuevo diseño", ha manifestado, aunque reconoce que en algunas poblaciones podrían desaparecer las sedes de determinadas jurisdicciones, como la penal o la civil, en función del nuevo diseño.
El objetivo de esta iniciativa del CGPJ es superar el actual diseño, que data de 1988, con el fin de asegurar la proximidad de la justicia al ciudadano, lo que no está relacionado directamente, según Bravo, con el número de kilómetros que separen su domicilio del juzgado.
Para la nueva organización se han tenido en cuenta circunstancias sociales, geográficas y políticas que se amplían en un documento que harán público en las próximas horas. A juicio de Bravo, la propuesta no invade competencias de otros poderes del Estado que son, al fin y al cabo, los que deben tomar la decisión final sobre este asunto.
Así, ha señalado que el mapa propuesto por el CGPJ no pasa por señalar cuáles deben ser las cabeceras de partido en cada territorio, ya que dicha competencia corresponde al Ministerio y ha insistido en que los cambios, "aunque asustan a todos", no deben causar alarma. También ha descartado que el nuevo diseño judicial vaya a suponer pérdida de empleos.
Según explicó con motivo de la presentación del documento el pasado día 19, se desvinculará también el concepto de juez unido al del órgano unipersonal al tiempo que se optimizarán los recursos en atención al "delicado" momento económico.
Se aboga así por reducir la presencia del ciudadano en las oficinas judiciales a los supuestos "estrictamente necesarios" y fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Entiende el CGPJ que la implantación del nuevo mapa judicial debe ser progresiva y apostar por una Justicia titular, relegando los interinos a supuestos excepcionales.
La reordenación de los partidos judiciales debe atender a las circunstancias geográficas, políticas y económicas de cada territorio, que ha señalado que las circunscripciones resultantes deberían tener una población superior a 100.000 habitantes para que el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no exceda de una hora.
La aplicación de estos criterios permitirá la reducción de los actuales 431 partidos judiciales a menos de la mitad, entre 190 y 200. En el 90% de las circunscripciones resultantes podrá procederse a la separación de jurisdicciones y la correspondiente especialización de los jueces; al despliegue de la nueva oficina judicial con servicios procesales y de ejecución comunes; a la implantación de gabinetes y servicios de todo tipo, y a la aplicación de las tecnologías que garanticen una mayor proximidad y un mejor servicio público, según los planes diseñados.
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