La teniente de alcalde de Personal del Ayuntamiento de Ciutadella, Inmaculada González, ha encargado un informe al responsable de Recursos Humanos del Consistorio, Joan Llompart, para que decida si la dedicación profesional del exsecretario municipal, Santiago Saura, como abogado de la corporación es compatible con el encargo recibido por el Consell insular para realizar "trabajos de asistencia jurídica preparatoria de la revisión del PTI".
El alcalde, José María de Sintas, señaló que en función de lo que determine el informe, "pediremos las explicaciones oportunas".
El primer edil de la población recordó, por otro lado, que el funcionario "debió haber registrado un escrito solicitando autorización al Ayuntamiento para poder firmar el contrato con el Consell, eso hubiera sido lo correcto. La concejala de Personal no tiene por qué saber qué hace un funcionario fuera de su horario laboral, no es algo que debamos perseguir. Pero una vez tenemos conocimiento de ello, lógicamente nuestra obligación es verificar si ambos trabajos son compatibles. El señor Saura debe saber si su trabajo para el Consell es incompatible con el del Ayuntamiento. Si existe esta tal incompatibilidad, evidentemente su actuación ha sido errónea".
La noticia de la contratación de Santiago Saura para realizar tareas de asesoramiento al titular de Ordenación del Territorio , Cristóbal Huguet, para la revisión del PTI fue confirmada por el propio Consell en respuesta a una petición de información del PSM Més per Menorca, quien, a través de su representante en la institución, Maite Salord, pedirá explicaciones al equipo de gobierno en el próximo pleno.
Los nacionalistas han planteado sus dudas sobre la legalidad del contrato firmado por Saura, quien, en el momento de su contratación, en febrero, ya había sido procesado por el caso CITUR, en el que permanece como imputado por haber incurrido presuntamente en los ilícitos de tráfico de influencias y falsedad documental.
Por otra parte, el alcalde José María de Sintas admitió que el conseller de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, le comentó meses atrás su intención de contratar a Saura para asumir labores puntuales de asesoría jurídica al servicio del Consell.
"Contesté a Huguet que mientras no afectara a su trabajo en el Ayuntamiento no había problema. A posteriori, me entero, sin embargo -como me ha confirmado hoy mismo (por ayer) el propio conseller-, que existe un contrato firmado con este abogado por un importe de 12.000 euros IVA incluido. No sabíamos nada".
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