"El Gobierno está buscando contrarrestar el clamor popular"

Con la finalidad de poner en común experiencias, el portavoz de la Comisión de Relaciones Externas de la PAH de Sabadell, Pau Lloch i Méndez, ofreció ayer por la tarde una charla en la sala de actos de Caritas durante la que se puso especial énfasis en la campaña de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de la dación en pago libre de deuda y retroactiva.

¿Hasta que punto confían en el éxito de la ILP?
No tenemos ninguna duda de que conseguiremos las 500.000 firmas que necesitamos antes del 31 de octubre pero, además, durante estos seis meses tendremos la oportunidad de qué todo el mundo conozca la situación, lo que supondrá una expansión de las plataformas de afectados. Así, no tan sólo pretendemos que el Congreso de luz verde a nuestras medidas sino que también creemos en la importancia del proceso. En definitiva, se trata de explorar las pocas vías que te ofrece la democracia representativa. Si finalmente el Congreso no acepta debatir nuestra propuesta quedará claro que el Estado no gobierno para responder a los intereses de los ciudadanos.

El Congreso ya ha cerrado la puerta en varias ocasiones a la dación en pago...
Sí. Esta medida ya se ha intentado introducir en el Congreso en otras dos ocasiones a petición de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Iniciativa per Catalunya (ICV) y en ambos casos nos han dado con la puerta en las narices. Ni tan sólo se llegó a debatir porque la mesa del Congreso tumbó la propuesta.

No obstante, algunos ayuntamientos catalanes ya han mostrado su sensibilidad al respecto...
Sí. Los ayuntamientos de muchos municipios catalanes han aprobado una moción de apoyo a las plataformas de afectados a través de las que se comprometen a instar al Estado a modificar la legislación hipotecaria de manera que se regule la dación en pago retroactiva, se ofrezcan alquileres sociales y se apruebe una moratoria a los desahucios. No obstante, cabe señalar que los ayuntamientos no han actuado gracias a las movilizaciones llevadas a cabo por los colectivos en defensa de los afectados.

Imagino que el código de buenas prácticas propuesto por el ministro de Economía y Competitividad les sabe a poco...
La propuesta de De Guindos no tiene nada que ver con nuestras reivindicaciones. En primer lugar porque, al tratarse de un código de buenas prácticas, no obliga a ninguna entidad a adherirse, lo que demuestra que el poder político está secuestrado por los bancos. Además, la medida cuenta con muchas restricciones como que se trate de primeras viviendas de menos de 200.000 euros y que todos los miembros de la familia, entre otras. En este sentido, calculamos que tan sólo entre el 1 y el 2 por ciento de las personas afectadas se podrán acoger.

¿No se puede interpretar este paso como una declaración de buenas intenciones por parte del Gobierno?
En absoluto. Las 350.000 familias que han perdido sus viviendas entre 2007 a 2011 no necesitan buenas intenciones y que el Gobierno se cuelgue una medalla, necesitan soluciones. De hecho, creemos que, a través de este anuncio, el Gobierno ha puesto en marcha una estrategia mediática para contrarrestar el clamor popular y social existente. El código propuesto por De Guindos propone una dación puntual en casos muy concretos y restrictivos, siempre a voluntad de los consejos de administración de los bancos que se quieran adherir, mientras que lo que se necesitan es una dación en pago retroactiva para todos los deudores de buena fe.

También proponen una moratoria de los desahucios...
Sí. Como sociedad, no podemos asumir que todas estas personas se queden sin casa porque dará lugar a una situación insostenible. Estamos proscribiendo a una generación entera a la miseria. A nivel económico, el Gobierno tampoco puede asumir esta situación porque una persona que pierde su vivienda va al ayuntamiento a pedir una vivienda social, que pagamos entre todos. Mientras tanto, los bancos tienen miles y miles de pisos vacíos a la espera de que caiga algún santo del cielo que les permita volver a sacar un beneficio de ellos.

Por eso exigen que estas viviendas se pongan en alquiler...
Sí. El Estado debería forzar a las entidades bancarias a alquilar estas viviendas a un precio razonable.

Hace ya un año que se constituyó la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Sabadell ¿Cuál ha sido su principal línea de trabajo hasta ahora?
A lo largo de todo este año hemos ido trabajando en distintas líneas. Por una parte, asesoramos a los afectados jurídicamente aunque, con el tiempo, vamos entendiendo que, en realidad, la solución es política y pasa por una modificación de la legislación hipotecaria. En esta línea es importante matizar que aunque en primera instancia los afectados piensan que podrán resolver su situación a través del asesoramiento jurídico, la realidad es que el problema no tiene una respuesta jurídica. Por otro lado, presionamos a nivel político y también realizamos una labor de acompañamiento a los afectados, ayudándolos llevar a cabo los trámites con las entidades bancarias.

¿Las plataformas municipales funcionan de manera independiente en Cataluña?
Sí. Somos colectivos soberanos aunque, al formar parte de un movimiento que es de ámbito estatal, compartimos con el resto de plataformas tanto la problemática como las formas organizativas e incluso los estatutos. Además llevamos a cabo iniciativas comunes, como la ILP. Precisamente cuando la PAH de Sabadell comenzó a funcionar tan sólo existía la plataforma de Barcelona, que estaba completamente desbocada. A nivel práctico, no tenía ningún sentido porque no se daba a basto. Fue entonces cuando los promotores de Barcelona incentivaron la creación de nuevos colectivos que pudieran actuar a nivel local y responder a las demandas concretas de cada municipios. De este modo, aunque los miembros de la PAH de Sabadell nos reunimos semanalmente también mantenemos encuentros periódicos tanto a nivel estatal como catalán cada dos o tres meses.