Ángeles Martín ObispoMaó01/05/12 0:00
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El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha valorado favorablemente los planes de ajuste de Alaior y Maó. La medida permitirá a ambos consistorios acceder a la línea de crédito ICO abierta por el Gobierno y sanear sus cuentas con proveedores a quienes podrán pagar ya este mismo mes.

En los próximos días se conocerá la suerte que han corrido los planes presentados por el resto de ayuntamientos menorquines y por el propio Consell, institución que acumula 3,3 millones de deuda.

De momento, Alaior podrá cancelar facturas de los años 2008 y 2011, por un importe total de 4.494.596 euros. No obstante, a esta cantidad se tendrán que sumar las facturas aparecidas con posterioridad, al no estar incluidas en la contabilidad del Ayuntamiento y que se remontan, según explica la alcaldesa, Misericordia Sugrañes, hasta el año 2004.

Y es que aunque el plan de ajuste ha sido aprobado, los proveedores todavía pueden presentar facturas hasta el próximo 8 de mayo, fecha en el que se cerrará el cómputo total de deudas. Este plan supone una autorización para solicitar un préstamo a diez años, con dos años de carencia de amortización a un tipo del cinco por ciento.

En este punto, Sugrañes afirma que "la mala gestión" de los anteriores equipos de gobierno supone que el pueblo de Alaior tendrá que pagar hasta el año 2022 las deudas generadas desde enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2011, lo que costará a las arcas municipales un total de 1.460.875 euros en intereses.

Maó

Por su parte, el volumen de deuda autorizada por el Ministerio en el caso de Maó es de 3.686.000 euros, también con dos años de carencia y amortización a diez años. El objetivo del equipo de gobierno es cerrar el ejercicio económico de 2012 con un déficit del 3 por ciento (actualmente está en el 14 por ciento) y con el déficit cero en 2020.

El ahorro global que resulta de este plan (incluyendo gastos financieros de los préstamos de inversión) será de 2.055.000 euros. Entre las partidas que se verán afectadas destacan las de personal, subvenciones, inversiones municipales directa, la eliminación de la inversión de la sociedad pública municipal (PUM) y la compra de bienes y servicios.