El Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico ha abierto expediente sancionador contra los promotores de las obras ejecutadas en Biniatzem y finalmente no lo ha hecho contra el exalcalde del PP de Es Migjorn Gran, Andreu Moll, y la edil Gemma Fernández, tal como informó ayer este diario. No obstante, fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguran que el Consorcio deberá comunicar al Consell la existencia de una posible irregularidad en la concesión de una licencia con los informes técnicos contrarios, y entonces será la institución insular quien deberá decidir el camino a seguir.
La historia es compleja y un pequeño matiz cambia todo su desenlace. Así, el instructor del expediente urbanístico abierto por unas obras iniciadas sin licencia en la finca de Es Migjorn Gran asegura, por un lado, que el expediente que podía desembocar en último extremo en la demolición de las obras debe quedar archivado porque finalmente esta actuación quedó legalizada con la licencia que posteriormente otorgó el Ayuntamiento de Es Migjorn aunque fuera con los informes contrarios. No obstante, el técnico también apunta que debe abrirse un proceso sancionador para que el hecho de haber empezado las obras sin licencia sea penado con una multa económica al ser considerada una infracción leve. El presidente del Consorcio así lo entiende y lo dicta en su resolución sobre este caso.
La segunda parte de la historia se basa en la información que el técnico instructor apunta al presidente del Consorcio, señalando que la concesión de la licencia en 2010 por parte de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran en contra de unos informes técnicos podría suponer una irregularidad. Fuentes del Consell explican que esta aportación se entiende solamente como ésto, una aportación que hace al presidente del Consorcio. En la parte resolutiva, este hecho no figura y, por lo tanto, no se abre expediente a Andreu Moll y Gemma Fernández, que votaron a favor de la licencia. No obstante, las fuentes consultadas por este periódico apuntan a que ahora el Consorcio debe comunicar al Consell la posibilidad de que exista esta irregularidad, para que sea la institución insular y más concretamente la Conselleria de Ordenación del Territorio (en manos de Cristóbal Huguet, también presidente del Consorcio) quien decida qué pasos seguir. El técnico instructor del caso urbanístico apunta a la posibilidad de que la licencia sea impugnada. No obstante, este posible proceso paralelo no interfiere en el proceso sancionador contra los promotores de las obras de construcción de unas instalaciones para el ganado vacuno en la finca agrícola de Biniatzem.
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