Veinte entidades se unen a la Plataforma contra los recortes

Los colectivos denuncian que las medidas para frenar el déficit público atacan los pilares del Estado del bienestar y acentúan la brecha entre pobres y ricos

Presentación. Algunos de los portavoces de las entidades que ayer presentaron la Plataforma en Maó - IB3

Redacción MenorcaMaó04/10/11 0:00

Una veintena de asociaciones se han sumado a la Plataforma contra les Retallades de Menorca y la organización, presentada ayer por los portavoces de diferentes entidades implicadas, está abierta a nuevas adhesiones para hacer oír su voz crítica con los recortes presupuestarios que, para controlar el déficit público, ponen en peligro el Estado del bienestar del que ha gozado Europa hasta ahora.

La atención social, la educación, la ayuda a la integración de los inmigrantes, la investigación y el desarrollo, la sanidad pública y la cooperación son algunas de las parcelas que se ven afectadas, denunció la Plataforma, por medidas "dirigidas a garantizar la remuneración de los mercados financieros y la banca y a desmontar el modelo social europeo".

El aplazamiento del pago de un 75 por ciento de la aportación del Govern al Fondo de Cooperación Local del que se nutren los ayuntamientos -algo más de un millón de euros en Menorca-; la decisión de no contratar más personal cuando se produzcan bajas o jubilaciones en el sector de la educación; el anuncio de 800 despidos en las empresas públicas de Balears; o la imposibilidad económica de algunos enfermos menorquines para viajar a Palma y recibir tratamiento en Son Espases, debido a la deuda que el Govern mantiene con las agencias de viajes, son síntomas claros de que la crisis afecta al ciudadano medio de las Islas, afirmaron los portavoces de la Plataforma.

Propuestas

En contra de las últimas decisiones de los gobiernos europeos -el Pacto del Euro, el Pacto de Gobernabilidad o la reciente modificación de la Constitución española-, la Plataforma plantea alternativas como reformas fiscales y del sistema financiero, que permitan obtener más recursos y, de ese modo, evitar recortes que crean, aseguraron, "una fractura social".

La gerente de Caritas, Antònia Florit, reclamó por su parte "responsabilidad" a los gobernantes para que no se retroceda en cooperación ya que, aseguró, "los países empobrecidos padecen doblemente la crisis alimentaria, ambiental y financiera".