La polémica por la valoración de los terrenos de Santa Rita, en Ciutadella, volverá esta semana al primer plano político. La alcaldesa Pilar Carbonero espera aprobar en el pleno de este jueves la declaración de lesividad del acuerdo anterior del Consistorio que aseguraba que los terrenos costaban 60 euros por metro cuadrado. Mediante esta decisión, Carbonero pretende llevar el tema después ante los tribunales, para que anulen definitivamente esa valoración (adoptada cuando gobernaban PP y PMQ) y el Ayuntamiento pueda hacer valer otro informe, el de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que tasa el suelo de Santa Rita en un valor de entre 6,80 y 9,89 euros por metro cuadrado.
El acuerdo se adoptará tras desestimar las alegaciones planteadas por los propietarios de los terrenos, quienes habían transmitido al Consistorio su opinión de que no se puede declarar como lesivo un acto que no consideran como firme. Esto es así porque, recuerdan, el expediente de lesividad se incoa contra un acuerdo del Ayuntamiento para valorar unos terrenos cuyo precio definitivo aún no ha sido fijado por ningún tribunal. De hecho, todos los propietarios tienen interpuesto un contencioso en este sentido, en desacuerdo con el precio estimado por el Jurado Provincial de Expropiación. Incluso el propio Ayuntamiento tiene recurrido este acuerdo, con lo cual, concluyen los propietarios, no tiene sentido anular un acuerdo sobre el cual aún no se ha pronunciado ningún tribunal de forma firme.
El Ayuntamiento, no obstante, sacará adelante su propuesta el jueves, con el apoyo de UPCM. El presidente de este partido, Joan Triay, ya ha manifestado que su intención es votar a favor de la lesividad, si bien matiza que esto no debe suponer un nuevo retraso en los pagos a los propietarios. Así, cabe recordar que a principios de año se acordó pagar en seis años a los propietarios de Santa Rita, suponiendo que el precio de los terrenos sería el fijado por el Jurado de Expropiación. Triay condiciona su voto a que estos pagos no se suspendan, ni que tampoco se reduzca el montante a abonar cada año.
El informe de la UPC que Carbonero hace valer para reducir hasta en diez veces el precio de Santa Rita fue objeto de una intensa polémica política. El PP acusó a la alcaldesa de haber encargado un informe a medida y cuestionó la veracidad de las conclusiones de la UPC al relacionar al autor del informe con el PSOE. Por su parte, Carbonero rebatió al PP asegurando que el autor del informe también trabajaba para el PP, y que ella miraba por el interés general.
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