La alcaldesa de Ciutadella asume como error la demora de casi un año en notificar a la sociedad Carretero Comella SL el pago del aprovechamiento atípico por el expediente de Son Quim. Pilar Carbonero reconoció ayer el retraso delante de la comisión de investigación de Son Quim, por la que había sido citada a declarar. Argumentó que "era un expediente complejo ante el cual me encontré dos días después de acceder a la Alcaldía y creí que si era una de las primeras resoluciones que firmaba como alcaldesa, esto generaría suspicacias". Se refirió a que el retraso vino motivado "por el volumen de expedientes complejos y quise tener tiempo para estudiarlo" y asumió que este hecho "demuestra la falta de rigor de la Administración en hacer el seguimiento de los decretos. Esto debe corregirse".
La comparecencia de la alcaldesa se produjo al final de la reunión. Previamente se analizaron diversas cuestiones relativas al expediente de Son Quim y se resolvió la duda creada en la anterior comisión sobre si era necesario el certificado del Registro de la Propiedad. El presidente del grupo de trabajo, Joan Triay, concluyó ayer que es necesario que se acredite la propiedad y detalla los argumentos. Primero, el Departamento de Ordenación del Territorio pidió el 31 de enero de 2006 al Ayuntamiento el certificado del Registro de la Propiedad para tramitar el interés general. Segundo, los promotores aportaron un certificado. Este papel lo remitió el Consell a petición del Ayuntamiento y llegó ayer, justo cuando había empezado la reunión de la comisión. El documento se analizará en la próxima sesión "para averiguar si acredita o no la propiedad", según Triay. Tercero, el interés general se tramitó de acuerdo a la Ley 6/1997, que en el artículo 32.2 establece que el certificado de propiedad debe aportarse. Cuarto, existe un escrito del entonces conseller de Ordenación del Territorio, Marc Pons, que advertía al Ayuntamiento que el certificado de propiedad es necesario para el trámite de cualquier expediente de interés general.
Por otra parte, en la anterior sesión, la comisión apreció una contradicción entre los argumentos que justificaban en parte la declaración de interés general con la continuidad y mantenimiento de la actividad de venta de piensos. Según Triay, se observa discordancia entre los informes y el dictamen del Área de Agricultura que se declaró incompetente. La comisión pedirá este informe. La comisión también reparó en la inexistencia en el expediente del preceptivo informe que determine si el establecimiento tiene o no tiene impacto comercial sobre el tejido del comercio minorista existente.
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