La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears que avanzó este periódico y que supone una victoria judicial para Valeriano Allès está suscitando interpretaciones encontradas. El empresario entiende que esa es la base a partir de la cual forjar su reincorporación a la cantera de Son Sintes. El Consell ya explicó ayer que para ellos, todo sigue igual, y que la sentencia no es más que la detección de un error de forma que no supone cambio alguno en el fondo de la cuestión. Y la propiedad de la cantera entiende hoy también lo mismo que el Consell.
La sentencia en sí deja en vigor la resolución de la Dirección General de Industria del Govern balear de 2004, tutelada entonces por el popular Josep Juan Cardona, que declara instalación de beneficio la planta de prefabricados. Con esto, el empresario entiende que todo el resto de procesos se desmontan y que ahora deberían caer, una tras otra, decisiones a su favor. En cambio, para el Consell y la propiedad, que la resolución de 2004 sea la que está en vigor y no la posterior que anulaba la instalación de beneficio no modifica ni un milímetro el resto de sentencias contrarias a Allès, sobre todo la de desahucio de Son Sintes y la multa administrativa de 392.000 euros impuesta al empresario por la construcción de esta fábrica.
Lo que está claro es que el constructor ha visto como esta sentencia le daba alas en su lucha judicial, que seguramente aún se alargará durante bastante tiempo, y de la que ofrecemos a continuación dos versiones, la del propio empresario y la de la propiedad.
"Este es el primer paso para volver a entrar en Son Sintes"
Mientras el Consell y la propiedad de Son Sintes defienden que la sentencia del TSJB no entra en el fondo de la cuestión, Valeriano Allès mantiene que sí. Y lo hace asegurando, primero, que el fallo judicial deja en vigor la declaración de instalación de beneficio, y destacando el punto de la sentencia en que dice que "la resolución [de agosto de 2004 de autorización de la instalación de beneficio] será firme a todos los efectos". Así, el constructor entiende que la instalación de beneficio sigue en vigor, "porque la sentencia no se limita a decir que el recurso se presentó fuera de plazo, sino que anula la resolución de 2005 que derogaba la instalación de beneficio".
El empresario asegura una vez más sentirse "víctima de una campaña de acoso y derribo" y considera que el Consell miente en su interpretación de la sentencia. En este sentido, entiende que la sentencia del Tribunal Supremo que se ha cogido como base para declarar que la planta de prefabricados no es instalación de beneficio "no es firme y es la única en España, con lo cual no sienta jurisprudencia". Allès defiende que el Consell "no tiene ninguna competencia para meterse en Son Sintes, puesto que es una cantera contemplada dentro del Plan Sectorial de estas instalaciones, cuyas competencias corresponden únicamente al Govern balear". Es más, asegura que en la ficha de la cantera de Son Sintes que figura en el Plan de Canteras que prepara el Consell se contempla que existe una nave en construcción, y añade que "cuando Fina Casals era consellera de Ordenación del Territorio me dio la razón, pero entonces fue cuando la echaron y pusieron a Marc Pons para perseguirme". Respecto al presidente del Consell, Allès entiende que "esta sentencia le va a hacer mucho daño".
El constructor entiende que al encontrarse su instalación en suelo rústico pero ser una cantera "quien me manda es el Plan de Canteras, y yo lo cumplo. Quien me debía dar la autorización era el Govern balear, y así lo hizo". Respecto al Consell, reitera sentirse discriminado y, rebatiendo las palabras del conseller Joan Marquès, replica que "si todos somos iguales, ¿por qué no se ha sancionado otras actividades como la planta de asfaltos de Es Mercadal, la cantera de Ets Aljubs, las naves industriales de Impresa o la planta ilegal de hormigón en Alaior?".
El empresario reitera de nuevo que la sentencia del Tribunal Superior le da pie a pedir ante el Supremo la anulación de la sentencia del desahucio de Son Sintes. Y además, Allès insiste en la presentación de denuncias contra Josep Juan Cardona (conseller que autorizó y después desautorizó la instalación de beneficio) e incluso contra la propiedad de la cantera, a quien acusa de "presentar documentación falsa". Además, el constructor asegura que pedirá indemnización por daños y perjuicios por la pérdida de su actividad. En este sentido, recuerda que su facturación mensual era superior al millón de euros en el momento en que fue obligado a abandonar Son Sintes. Haciendo cálculos, Allès lleva ya seis meses fuera de la cantera.
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