Seis taxistas amenazan con acudir al Defensor del Pueblo

Si no consiguen su objetivo, el colectivo tiene previsto presentar una queja al Defensor del Pueblo ya que consideran que las actuaciones que está llevando a cabo "lesionan sus derechos constitucionales". En ese sentido, en un comunicado de prensa recuerdan que durante los últimos días el Ayuntamiento de Ciutadella les ha dirigido diversos requerimientos, para algunos de los cuales se les ha dado "el reducido plazo de tres días". Los taxistas señalan también que de alguna manera se les está presionando "para que se integren en la asociación privada de Radio Taxi Menorca, con el consiguiente gasto de varios miles de euros".

Según relatan los afectados, "la gota que ha colmado el vaso" del colectivo ha sido el último requerimiento, en el que se les concede un plazo de siete días para autorizar sus emisoras de radiotaxi. Para ello el Consistorio les exige hasta un total de once requisitos "de casi imposible cumplimiento". Entre ellos, un local con alta fiscal, la atención 24 horas por personal dado de alta en la Seguridad Social, un supervisor, una terminal táctil con GPS y sistemas de grabación, entre otras condiciones, que los taxistas consideran "copiadas de la emisora existente en Radio Taxi Menorca".

Los profesionales del transporte afectados, que ya han recurrido la medida, argumentan en su defensa que el Ayuntamiento "se excede en sus competencias al pretender regular las condiciones que debe reunir una emisora de radiotaxi". Así mismo, discrepan de que pueda considerarse un informe de la Policía Local como de carácter técnico en la materia, ya que a su juicio, dado el caso, debería "estar suscrito por un técnico en materia de telecomunicaciones".

Por otra parte, según el colectivo, "el afán regulatorio del Ayuntamiento contradice la reciente ley en aplicación de la Directiva Bol­kestein del Parlamento Europeo", que según recuerdan "garantiza el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio".
De igual manera, señalan que la "pretensión" del Ayuntamiento de obligar a todo el colectivo a integrarse en una única emisora de radiotaxi "puede infringir el derecho de libertad de empresa" que garantiza el artículo 38 de la Constitución Española. Los afectados consideran también que las normas del Ayuntamiento pueden ser motivo de infracción en materia de defensa de competencia, por lo que se ha solicitado a la Comisión Nacional de la Competencia un informe de adecuación del reglamento municipal de taxi a la normativa vigente.

Por último, los taxistas expresan su extrañeza "por las presiones del Ayuntamiento", dado que en el pleno del 12 de noviembre se acordó modificar el reglamento municipal en el sentido de "supeditar la obligatoriedad de integrarse en una emisora única a un acuerdo en ese sentido por parte del Consell".
En ese sentido, el titular del área de Movilidad, Damià Borràs, apuntó ayer que se trata de un proceso que es competencia del Ayuntamiento en el que el Consell sólo interviene como intermediario. Borràs mantiene que una emisora única es un objetivo que se puede conseguir y que el propósito es mejorar un servicio que "actualmente es insuficiente". Al respecto, recuerda los planes que hizo públicos hace unos días y que consistían en conceder más licencias si finalmente no se llega a un acuerdo.

Protesta
Durante la celebración del pleno municipal de ayer, el grupo de taxistas se manifestó desplegando pancartas reivindicativas como protesta ante la gestión llevada a cabo por la concejala responsable, Ana María Pons.