La discusión política sobre la Ley de Garantía de la Libertad Sexual impulsada por el ejecutivo de coalición se basa en el consentimiento. Aquellas manifestaciones masivas tras la sentencia de La Manada donde miles de personas coreaban que 'No' era 'No' desembocaron en una reforma legal que introduce importantes cambios en el paradigma vigente. Igualdad hace tiempo que defiende que la ley del 'solo sí es sí' pone a las víctimas de violación y a su consentimiento en el centro de la cuestión jurídica.
Algunos hombres y mujeres del mundo del Derecho hacen hincapié en las últimas horas en las novedades «poco explicadas» o «mal comunicadas» por parte del Gobierno de esta nueva ley. Novedades positivas, algunas de ellas pioneras, que se plasman de forma clara en el caso de Dani Alves. En primer lugar el 'solo sí es sí' plantea y pone encima de la mesa una red de apoyo integral a las víctimas. Además, se introducen protocolos claros y específicos que tienen por objeto el acompañamiento y la asistencia en todas sus vertientes (psicológica, médica, judicial).
Esa red y esos protocolos son los que llevaron a la mujer supuestamente víctima de la agresión sexual a un centro hospitalario poco tiempo después de que se cometiera esa presunta violación en el cuarto de baño de un reservado en el establecimiento de ocio nocturno de la Ciudad Condal. El hecho es que, sin esa rápida respuesta asistencial y de amparo legal, podrían no haberse recabado pruebas y evidencias de unos hechos que a la postre serán evaluados ante un tribunal específico.
Estos elementos son capitales, y van más allá del aspecto punitivo. Precisamente la discusión pública y la alarma social sobre la ley del 'solo sí es sí' se ha centrado en la rebaja de penas en casos concretos. Cómo afectará la reforma que en primer término trabajó el departamento de Irene Montero y que ahora corrige la parte socialista en las penas que pueden corresponderle a Dani Alves, en caso de que se enfrente a un juicio y sea hallado culpable.
Tal y como están ahora las cosas, sin la reforma trabajada en solitario por el PSOE, al jugador brasileño le corresponderían de uno a cuatro años de cárcel, que llegarían hasta los 12 si se reconoce la existencia de agravantes. Con la reforma de los socialistas llegando a buen puerto se incrementaría la horquilla máxima de la pena, pasando de cuatro a cinco años de privación de libertad.
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