Sara, la madre, publicó un vídeo de su hijo en el que explica su situación

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Cuatro meses sin jugar por un problema burocrático que, en cualquier caso, avista muy pronta solución. Es la realidad que le ha tocado vivir y sufrir al joven futbolista Antonio Carlos Junior Alves de Araujo, de once años de edad.

Según explica la madre del pequeño jugador, Sara, la génesis del problema se remonta a cuando en el mes de septiembre de 2022 los padres de Antonio Carlos –ella y su marido– cambiaron su residencia, de Maó a Es Mercadal, y su hijo, durante cuatro años canterano del Sporting de Mahón, hizo el trasvase al CE Mercadal.

«No puede jugar por culpa de un error de la delegación de la Federación Balear en la Isla cuando se tramitó su ficha; he buscado ayuda en Palma, en Madrid... pero me dicen que el error se cometió en Maó –en alusión a la JIM», indica Sara. «Estamos en Es Mercadal desde septiembre, y desde la federación no hicieron nada hasta noviembre; he descubierto que desde la JIM tramitaron mal la ficha desde el primer momento», abunda la madre del joven futbolista, que lamenta asimismo que «toda la información la he conseguido vía Madrid, en Maó no dan la cara, ni me cogen el teléfono». La madre, además, entiende que si su hijo ha jugado «durante cuatro años en el Sporting de Mahón, puede hacerlo en el Mercadal». «El Mercadal, el club,  me trata muy bien, pero me dicen que no pueden hacer nada, que todo está en manos de la federación», concluye Sara, que además publicó un vídeo de su hijo, «que sufre mucho con todo esto», matiza, en el que explica su situación.

«Puede jugar»

Desde el entorno de la JIM, por otra parte, cuestionados por este diario, aseguran que «el niño ya cuenta con la ficha para jugar» –desde este jueves por la tarde–, que «el club en el que estaba antes incurrió en un error, y ahora, el problema nos lo hemos encontrado nosotros y el Mercadal». Por último, desde la JIM recuerdan también que su proceder obedece a organismos superiores «como la Federación Española y la FIFA» y que existen «una serie de requisitos, que atañen a la protección del menor que «no podemos vulnerar ni omitir».