Més per Menorca quiere que solo pueda comprar un piso quien lleve 15 años viviendo en Baleares

También permitiría la adquisición a quien tenga un contrato indefinido

Más de 10.000 personas se manifestaron el verano pasado por el derecho a la vivienda. | P. Bota

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Més per Menorca quiere que solo pueda comprar una vivienda quien lleve al menos 15 años de residencia en las Islas, lo que se entiende como vínculo social, o quienes puedan acreditar un contrato indefinido que demuestre arraigo económico. Se trata de una proposición de ley que busca que los residentes tengan preferencia en la compra. «Busca parar la subida de precios como consecuencia del gran alud de compras por parte de fortunas extranjeras», explica el diputado de la formación, Josep Castells.

La propuesta concreta señala que, en los dos primeros años en los que se ponga a la venta una vivienda en una zona declarada de emergencia habitacional, la prioridad en la compra será para el colectivo de residentes con más de 15 años y para los trabajadores con contrato laboral indefinido. Pasados esos dos años, la opción de compra se extenderá a quien lleve 6 años en las Islas y, pasado otros dos años, al resto. «Si la ley sale adelante, recuperaremos el derecho de los ciudadanos de las Isla a vivir en su casa», asegura Castells.

Castells destaca la importancia de esta iniciativa: "Tenemos sobre la mesa una propuesta que podría revolucionar la situación de la vivienda de estas Islas, siempre que el resto de partidos vayan por trabajo". Castells cree que la propuesta está "fundamentada jurídicamente" y es completamente aplicable y cree que "desmonta las excusas" basadas en que puede contradecir la legislación europea. "Si la ley sigue adelante recuperaremos el derecho de los isleños a vivir en su casa", sostiene.

"Ya está bien de ver a los pueblos y ciudades llenos de casas y pisos vacíos, cerrados durante todo el año, que van cogiendo polvo y que sólo se abren durante dos semanas de verano, mientras los residentes que quieren vivir aquí no encuentran un hogar y se ven obligados a buscar su futuro en otro territorio", opina Castells. Subraya que esta circunstancia afecta a la economía local. "También quedan desiertas las calles, los comercios, esto implica supresión de puestos de trabajo y empresas que cierran", sostiene, En este contexto, Castells pide a los demás partidos políticos que apoyen la propuesta. "En esta votación, veremos quién está realmente al lado de los residentes y quién no", opina.

La realidad es que la medida, que este martes debatirá el Parlament, tiene pocas posibilidades de salir adelante. La Cámara autonómica rechazará también una proposición de ley del PSIB para limitar la subida del precio de los alquileres. El PP ya ha anunciado que votará en contra porque la considera «intervencionista» y porque cree que tiene efectos negativos en el mercado. El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, defiende la necesidad de aprobar esta norma y denuncia que la presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha opuesto de manera sistemática a aplicar esta medida de contención.

Explica que comienzan a cumplirse los cinco años que establece la ley para mantener los precios y, ahora que expira este plazo, muchos inquilinos se están encontrando con propuestas de subida que suponen incluso duplicar los precios. Insiste en que este es el camino que defiende el PSIB, frente a las propuestas del Govern. «El camino que tiene el PP no lo sabe ni él», lamenta el portavoz socialista.

El portavoz de los ‘populares’ en el Parlament, Sebastià Sagreras, ya ha adelantado el voto en contra del PP a la declaración de zonas tensionadas para poder limitar las subidas de los alquileres. Sagreras afirma que la Ley de Vivienda, que posibilita que las comunidades autónomas se acojan a esta medida, es «intervencionista». Opina que la norma «ha fracasado» y pone como ejemplo que en Catalunya, la única comunidad que la aplica de momento, ha supuesto que 40.000 viviendas hayan salido del mercado.