VIVIENDA

El Parlament tumbará una propuesta del PSIB para limitar el precio de los alquileres

El PP anuncia que votará en contra porque es una medida «intervencionista»

Imagen aérea de viviendas en Palma.

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El Parlament rechazará este próximo martes una proposición de ley del PSIB para aplicar la Ley de Vivienda en las Islas y limitar el precio de subida de los alquileres. El PP ya ha anunciado que votará en contra porque la considera «intervencionista» y porque asegura que tiene efectos negativos en el mercado porque detrae la oferta de pisos. El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha defendido la necesidad de aprobar esta norma para cumplir el mandato de la Ley de Vivienda y ayudar a resolver el principal problema que tienen los ciudadanos de las Islas.

Negueruela ha recordado que, «durante años», el Govern pidió al Gobierno poder topar los precios del alquiler, algo que «por fin» se pudo hacer en el año 2023, justo antes de las elecciones. Ha denunciado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha opuesto de manera sistemática e incluso llegó a decir que era inconstitucional, a pesar de que el Alto Tribunal ha avalado la ley.

«Es un tema fundamental para los ciudadanos de Baleares», ha dicho Negueruela. Ha explicado que comienzan a cumplirse los cinco años que establece la ley para mantener los precios y, ahora que expira este plazo, muchos inquilinos se están encontrando con propuestas de subida que suponen incluso duplicar los precios. Ha insistido en que este es el camino que defiende el PSIB, frente a las propuestas del Govern. «El camino que tiene el PP no lo sabe ni él», ha dicho el portavoz socialista.

El portavoz de los 'populares' en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha adelantado el voto en contra del PP a la declaración de zonas tensionadas para pder limitar las subidas de los alquileres. Sagreras ha indicado que la Ley de Vivienda, que posibilita que las comunidades autónomas se acojan a esta medida, es «intervencionista». Ha añadido que la norma «ha fracasado» y ha puesto como ejemplo que en Catalunya, la única comunidad que la aplica de momento, ha supuesto que 40.000 viviendas hayan salido del mercado.