En un «limbo» por la reforma del reglamento de Extranjería

María (nombre ficticio), es una de las afectadas por este «limbo» burocrático que, tras tres años residiendo en España, la devolverá a la casilla de salida. Es colombiana, de Santander y llegó a España en marzo de 2022 para instalarse finalmente en Mallorca en julio del mismo año. Era policía en su tierra natal: «En Colombia los agentes no tenemos opinión ni voto. Cuando pasé a ser pensionada empecé a hacer política y a raíz de eso empezaron las amenazas de muerte a mi familia», cuenta.

Decidió salir de su país y vino a España ya que tenía un amigo en Tarragona que la ayudó a empadronarse, conseguir un NIE y solicitar el asilo político, puesto que el visado de turista con el que entró en el país solo dura tres meses. Estuvo por varias ciudades buscando empleo pero «es muy difícil encontrar trabajo en negro», según dice.

Acabó haciendo una sustitución cuidando a una persona mayor recién operada: «Con lo que saqué compré un billete y me vine a Mallorca a cuidar de otra persona mayor que tenía Alzheimer».
Su permiso de trabajo se activó en octubre de 2022 y desde noviembre comenzó a trabajar de manera legal y a cotizar. Desde entonces, no paró de estar de alta en la Seguridad Social, encadenando contratos en distintas empresas. Así ha estado dos años, renovando su permiso de trabajo, hasta que en enero de este año no pudo hacerlo por falta de citas y le rescindieron el contrato en la empresa en la que estaba.

Su idea era esperar a cumplir los tres años de estancia para solicitar el arraigo social, sin tener que renunciar a los seis meses de cotización que obliga el reglamento actual. Sin embargo, la entrada en vigor de la nueva norma ha desbaratado sus planes. Ahora a María le toca volver a trabajar en negro hasta que se resuelva su caso, renunciar al asilo, esperar a que se acepte su renuncia y se autoricen sus documentos.

Desde su punto de vista, el nuevo reglamento «debería tener carácter retroactivo, porque los que no hemos conseguido poner en orden nuestros papeles antes de mayo, no tenemos nada a lo que acogernos y retroceder tampoco es una solución», lamenta. «No he venido a que me regalen nada, si no a trabajar y tirar para adelante. Quiero traerme a mis hijos, porque la seguridad en Colombia cada día es peor. Estoy luchando, he hecho declaración de la renta, contribuyo, no quiero que me regalen nada», insiste.

Paula (nombre ficticio), también es colombiana, de Bogotá. Antes de llegar a la Isla era docente en un programa de Hostelería y Turismo en la Universidad del Pacífico. Decidió venir con su marido por tres factores. Por un lado, empezó a recibir amenazas y sentir inseguridad por apoyar la campaña política de uno de los candidatos a rector de la universidad en la que trabajaba y el centró le canceló el contrato. Por otro lado, la pandemia hizo que su marido también perdiera el empleo al cerrar el hotel en el que trabajaba. Por último se fueron por falta de oportunidades laborales en Colombia tras todo lo sucedido.

«Vinimos a Palma porque mi hijo mayor ya vivía aquí. Mi marido y yo solicitamos el asilo, que nos dio la oportunidad de tener un permiso de trabajo», recuerda. Ya llevan tres años en la Isla y aunque no han podido trabajar «de lo suyo» a falta de la homologación de sus estudios, si han podido ocupar otros puestos y conseguir ingresos. «Hemos estado cumpliendo los plazos, presentándonos en Extranjería para renovar el permiso; pero con el nuevo reglamento no se nos va a tener en cuenta todo lo que hemos cotizado aquí», critica.

Ella, como María, comenzó trabajando en negro, en su caso, limpiando casas: «Estuve así prácticamente un año». Después, ya con su permiso laboral, fue contratada en un concesionario, donde ha estado trabajando los últimos dos años. En enero pidieron el arraigo social y están pendientes de recibir el expediente para conseguir cita en Extranjería: «Nos han dicho que tarda unos cuatro meses, esperamos que después de ese tiempo estemos regularizados».

«Creo que el nuevo reglamento es muy malo, porque si el solicitante de asilo aprovecha el permiso para bien, no tiene antecedentes ni fuera ni en España, no deberían quitarnos un derecho que ya habíamos adquirido; con todo lo que hemos aportado. ¿Por qué nos hacen esto?», se pregunta Paula.