El fallecimiento de la perra gallega Selva, primera «víctima mortal documentada» de la nueva normativa en España, ha disparado el malestar de los profesionales en todo el país. «Necesitamos que se movilicen los veterinarios, pero también los tutores de los animales», dijo este lunes Samuel Fernández, gerente del grupo veterinario Adrisa. Selva murió tras ser atendida en una de sus clínicas en a Coruña. El cultivo microbiano que exige el Ministerio para poder administrar antibióticos del tipo B (más potente que el que recibió el animal) llegó el lunes 17 de febrero, días después de que perdiera la vida.
Hasta ahora la patronal de clínicas veterinarias y el Colegio de Veterinarios de Baleares mantenían posturas contrapuestas en el conflicto. El colegio profesional apostó desde un primer momento por el diálogo con las administraciones, tanto estatal como autonómica, para una aplicación laxa de la nueva regulación que contempla multas de entre 60.000 y 1 millón de euros. No ha convocado ni secundado ninguna de las manifestaciones convocadas hasta la fecha. Aboga por la aprobación de una moratoria que exima de cumplir con la obligación de comunicar las prescripciones de antibióticos a través del sistema estatal PRESVET.
La patronal de clínicas veterinarias de Baleares, en cambio, solicita la derogación de la norma estatal. Algunos de sus miembros participaron ya en el paro simbólico convocado en toda España hace ahora exactamente una semana. Llevaban días avisando de que el real decreto «pone en riesgo la salud de los animales».
Lo que le ha ocurrido a Selva no les ha cogido con sorpresa. «Estamos obligados a usar solo los antibióticos de la categoría más simple, y solo cuando fracasa el primer antibiótico o cuando llega el cultivo, podemos ir subiendo. Esto implica que a veces nos vemos obligados a usar antibióticos no óptimos sabiendo que fallarán, pero si no lo hacemos así, ni tan siquiera sabemos con seguridad a qué tipo de sanciones podemos enfrentarnos. En este caso, por lo que dicen, se produjo la sepsis y ya no tuvieron tiempo a seguir con el protocolo que se nos ha indicado que debemos seguir, sin base científica», explica el presidente de la patronal balear Andreu Oliver.
La manifestación del 5 de marzo está convocada por el Colegio de Veterinarios de Madrid al que se han unido asociaciones profesionales y científicas, sindicatos y la patronal veterinaria, además de varias facultades de veterinaria y la plataforma VETUNIDOS que agrupa a 5.000 facultativos de toda España.
El Consejo general de los Colegios de la Profesión Veterinaria de España (CGCPVE) acordó el viernes en asamblea, un día después de la muerte de la perra, «adoptar todas las medidas posibles a su alcance (incluido el apoyo a eventuales movilizaciones) con el fin de conseguir una normativa adecuada a la realidad veterinaria y que permita la labor facultativa del veterinario al servicio de la sociedad».
Aunque el presidente del colegio profesional de Baleares, Ramon García, ha rechazado públicamente hasta ahora pronunciarse sobre el caso y sobre el acuerdo, todo apunta a que el compromiso alcanzado el viernes podría cambiar su hoja de ruta. Se espera que en las próximas horas los colegiados reciban una comunicación con su postura.
Por su parte el presidente nacional de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), Sebastià Rotger, comparecerá este miércoles en la sede de la CAEB en Palma junto al presidente balear de la patronal, Andreu Oliver, para analizar públicamente la problemática. Ambos muestran abiertamente su desacuerdo con el Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares.
El Real decreto 666/2023 no solo restringe la prescripción y dispensación de antibióticos en las consultas veterinarias, sino que prohíbe también a los facultativos la venta de cualquier medicamento de uso animal en sus clínicas. A día de hoy estos fármacos solo se pueden comercializar en las farmacias y en Baleares eso está provocando problemas de desabatecimiento.
El Colegio de Veterinarios de Baleares mantiene reuniones con el Colegio Oficial de Farmacéuticos con la idea de encontrar una solución que garantice como mínimo la disponibilidad de los medicamentos veterinarios con más demanda.
6 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
La ley del supuesto "bienestar animal" no existe. Ahora más que nunca los animales son maltratados con el Estado y todas las administración en cabeza.
Esperando a que los "perros de los políticos " les toque su propia medicina.......
¿Dónde está la gente de izquierdas protestando en estas noticias?
Id guardando la amoxiciñin que os sobre por si se ponen enfermos los perretes
Y esto después de la ley animalista señores políticos es una vergüenza.
Ánimo, tenéis toda la razón, derogación de esa norma sin sentido!