Baleares, la segunda región con la tasa más baja de riesgo de pobreza

Teniendo en cuenta estas cifras, La Xarxa per la inclusió social EAPN-Balears puso de relieve este lunes que cerca de 200.000 personas en el Archipiélago se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social, a pesar que el indicador se haya reducido. Además, destacó que los datos se deben considerar «un mínimo», puesto que la encuesta «se hace en hogares y por tanto no aparecen las situaciones de aquellas personas que viven en la calle, asentamientos, albergues o en caravanas», resaltaron en un comunicado.

Asimismo, la ECV también recoge cifras sobre las tasas de carencia material y social severa y la baja intensidad en el empleo, de 4,3% y 4,2%, respectivamente, en Balears. Dos índices que también han menguado en relación con el ejercicio de 2023 cuando eran del 6,1% y el 5%, respectivamente.
Atendiendo a las dificultades para llegar a fin de mes, un 5,6% de los baleares tienen muchas dificultades para hacerlo. De nuevo, las Islas son la segunda región con la tasa más baja, por detrás del País Bajo con un 5,1%.

Sin bien la EAPN-Illes Balears consideró que los indicadores son «positivos», remarcó que «la pérdida del factor inclusivo del trabajo en las Islas ha quedado claramente puesta de manifiesto en la insuficiencia salarial para afrontar el constante incremento del coste de vida», en la comunidad autonómica. En este sentido, subrayaron que Balears «es la comunidad con mayor porcentaje de personas que viven de alquiler, un factor de exclusión añadido, dado el desmedido incremento de los precios, la discriminación que sufren las personas por motivos económicos y el creciente parque de vivienda destinada al alquiler vacacional».

Por otro lado, destacaron el impacto positivo que han tenido las políticas sociales desplegadas durante los últimos años como el escudo social y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); pero a su vez alertaron de que «son insuficientes para acabar con la pobreza estructural que sufre la región». «El sistema económico actual, con una estructura salarial no compasada con el crecimiento y los beneficios empresariales, y la práctica imposibilidad de acceder a un derecho fundamental como es la vivienda están profundizando la brecha social, que si no se combate de manera urgente y decidida continuará perjudicando a las generaciones futuras y consolidando la desigualdad como norma».

Por ello, la entidad defendió el papel «fundamental» del sector público y reclamó el despliegue de políticas que garanticen el acceso a la vivienda, la protección efectiva de las personas vulnerables y una redistribución «justa» de la riqueza.