El alquiler de embarcaciones es una actividad que ha ido a más en Baleares, hasta el punto de crear saturaciones en playas y molestias a los bañistas por una navegación irresponsable. | Josep Bagur Gomila

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La Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua ha sacado a exposición pública la propuesta de modificación del decreto para regular la actividad del alquiler de embarcaciones de recreo en Baleares. Con esta modificación, el departamento autonómico pretende mejorar la calidad, evitar la competencia desleal y aumentar la seguridad en esta actividad.

El procedimiento permite presentar alegaciones durante diez días. Posteriormente se elaborará un texto definitivo que volverá a salir a exposición pública y, tras una serie de trámites, se espera que esté aprobado antes del próximo verano.

El conseller, Juan Manuel Lafuente, y el director general de Ports i Transport Marítim, Antoni Mercant, han explicado este martes los objetivos y los detalles de la modificación, subrayando que «es una oportunidad para actualizar la normativa aprobada en 2017 y adaptarlas a las nuevas necesidades derivadas del incremento de la actividad náutica en Baleares».

Lafuente añadió que «el alquiler náutico es una actividad estratégica para las Islas, tanto por su impacto económico como por la necesidad de garantizar que se lleve a cabo de forma segura, transparente y respetuosa con el medio».

Además, insistió en la importancia de la participación ciudadana durante esta etapa inicial, ya que las aportaciones recibidas serán clave para definir los principales ejes de la futura modificación normativa.

Por su parte, Mercant apuntó que «la Conselleria quiere escuchar a todas las partes implicadas, desde los ciudadanos hasta las empresas, para construir una regulación eficiente, moderna y sostenible, que dé respuesta a los retos actuales del sector».

El conseller resaltó que el notable crecimiento de la actividad de alquiler náutico en los últimos años ha generado nuevas necesidades que requieren ser reguladas.

Mercant destacó algunos de los principales objetivos que se plantean en la consulta previa, como son el refuerzo del control del alquiler náutico, combatir el intrusismo profesional y el chárter ilegal, y garantizar la sostenibilidad ambiental, así como facilitar el cumplimiento normativo mediante herramientas digitales más accesibles. De igual modo, se creará y desarrollará un registro específico de embarcaciones que permita un mayor control de las actividades y se promoverán las buenas prácticas.

El apunte

Ciento cincuenta expedientes sancionadores en 2024

Lafuente destacó la lucha contra la oferta ilegal de alquiler, al pasar de casi 100 expedientes sancionadores en 2023 a unos 150 el pasado año, con un perfil de infractores que corresponde a empresas que no tienen en regla las declaraciones responsables de actividad. Además, se pedirá que se asigne un puerto base para la gestión de residuos.