El reclamo de las autonomías
La Conselleria de Salut de Baleares, junto a sus pares de La Rioja, Murcia, Cantabria, Madrid, Castilla y León y Extremadura, han enviado una misiva al Consejo Interterritorial de Salud para que se incorpore en la agenda de la próxima reunión del lunes la problemática derivada de la no renovación del concierto con MUFACE. Solicitan que se inste «al Gobierno a licitar con máxima urgencia y desde el consenso real con los representantes de los funcionarios un nuevo concierto» que cuente con la dotación económica necesaria para garantizar una asistencia de calidad.
Impacto en los sistemas sanitarios
De no alcanzarse un acuerdo, los servicios de salud de las comunidades deberán asumir la atención de 1.103.292 funcionarios y sus 434.409 beneficiarios, un total de 1.537.701 personas protegidas según datos de MUFACE de 2023. La consellera de Salut de Baleares, Manuela García, advirtió que esto tendría importantes repercusiones, no solo económicas sino también en espacios, infraestructuras, presupuestos y una mayor tensión en Atención Primaria, hospitalaria y listas de espera.
«Una entrada súbita de un volumen de pacientes importante significa mucha mayor afluencia en cada centro de salud, en cada hospital, nuevas consultas, nuevas operaciones quirúrgicas», señaló.
Negociaciones y movilizaciones
En diciembre de 2022, MUFACE consideró insuficientes las propuestas de las compañías para justificar un aumento de primas. Si bien el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se comprometió a publicar una nueva licitación antes de fin de 2024, esto no convenció a los representantes de los beneficiarios.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lideró protestas, presentó quejas ante el Defensor del Pueblo por retrasos y suspensiones de citas médicas, y convocó a nuevas manifestaciones para defender el derecho a la atención sanitaria de los funcionarios y sus familias.
Contexto del mutualismo administrativo
El modelo de MUFACE, creado en 1975, brinda a los funcionarios civiles del Estado la opción de elegir entre recibir asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud o de compañías privadas concertadas. Este régimen especial se financia con aportaciones del Estado y cotizaciones de los mutualistas.
Actualmente, alrededor del 80 % de los beneficiarios optan por la sanidad privada. La sostenibilidad y solvencia de este esquema depende de alcanzar convenios que satisfagan las necesidades de los funcionarios y sus familias, así como de contar con una dotación presupuestaria adecuada por parte del Gobierno.
5 comentarios
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A los trabajadores del sector privado nos descuentan una parte de nuestro sueldo para que seamos atendidos por la sanidad publica porque el dinero de la Seguridad Social no sale de la nada. Si no podemos o no queremos estar en una lista de espera indefinida para una operación no nos queda más remedio que pagarnos un seguro privado. Los funcionarios pueden disfrutar directamente de la sanidad privada para evitar las listas de espera sin hacer un desembolso aparte. Casta privilegiada, el principio de igualdad que brilla por su ausencia... No es el caso de quienes quieren ser guardia civiles, bomberos, policías, militares, bomberos o sanitarios pero para la mayoría de quienes opositan a ser funcionarios en otros cuerpos o especialidades de la administración pública no les mueve un interés de servicio publico sino poder disfrutar de privilegios que no tendrían en el sector privado empezando por la imposibilidad de aplicar ERE's pasando por un control mucho menos riguroso sobre su trabajo por parte los jefes y terminando por el tema que nos ocupa.
sargantanaPues aquí tienes: los trabajadores nos pagamos enteramente nuestra sanidad, sin aportaciones del estado. Por supuesto nos cuesta mucho más que las aportaciones que hacen los funcionarios. Nosotros no podemos ir a la privada pero vosotros podéis ir a la pública. Trabajando en la función pública, que ejemplo, eligiendo la sanidad privada pero pagando el resto de españoles.
Muface ha de deixar de tenir el privilegi de forrar-se a costa dels doblers de l'estat. Xiringuitos no, sanitat pública sí
Que raro que todavia no haya ningun comentario despotricando contra los funcionarios por tener este " privilegio"
Detrás de toda esta polémica tan solo hay ideología podemita. Por Muface, el estado paga menos que por los asegurados de la SS, es decir, nos lo venden como un privilegio y en realidad es un ahorro para el estado y a la vez, los asegurados de Muface lo prefieren. ¿Dónde está el problema? ¿En el ideario de la ministra?