Protesta de funcionarios en el Consolat de Mar. | J. Torres

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El gasto del Govern está desbocado y así lo recoge la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La entidad que controla el comportamiento fiscal y financiero de la Administraciones concluye que Balears cerrará el año con un incremento del gasto del 13,1 % cuando el límite permitido es del 2,6 %. Es decir, el Govern aumenta el gasto cinco veces más de lo que fija el Gobierno en la regla de gasto.

En su Informe sobre las líneas fundamentales del Presupuesto de 2025, la AIReF recomienda al Govern que anticipe instrumentos «que permitan corregir posibles desviaciones en el cumplimiento de la regla degasto y la senda comprometida», tras constar que cerrará el ejercicio con ese aumento del 13,1 % con una previsión del 7 % para el año que viene, también por encima del límite fijado por el Ministerio de Hacienda. La entidad constata que este año no se cumplirán los compromisos y señala que el año que viene hay «riesgo de incumplimiento».

Por lo que se refiere a los Presupuestos del año que viene, la entidad espera una caída de 50 millones de euros en los ingresos de 2025 por la modificación del Impuesto sobre el Patrimonio, el doble de los 25 millones que calcula el Govern. La AIReF precisa que esta reducción se compensa, en parte, por el incremento de tarifas del canon de saneamiento de aguas, con un crecimiento de los ingresos de 20 millones de euros.

La entidad señala que las bajadas de impuestos tendrán efectos en los Presupuestos, pero en su informe hace un especial énfasis en el notable aumento de los gastos de personal. «La actualización de los salarios derivada de la normativa básica estatal, acompañado de las medidas previstas por la comunidad en el ámbito sanitario y educativo, y los efectos de sentencias judiciales recientes sobre las retribuciones de los empleados públicos de la comunidad, llevarán a un crecimiento del 9% en la remuneración de asalariados», señala el informe.

Señala que el aumento más importante del gasto de personal se debe a los efectos de la sentencia que obliga a la comunidad a aplicar retroactivamente la subida salarial del 2,9% establecida por el Estado para 2021.