Salvador Llinás, encarcelado en Alemania, pedirá ser extraditado a España

La investigación española contra Llinàs Jr. arrancó en 2018 tras varias denuncias de empresas de alquiler de vehículos contra Autoclick por la venta de automóviles que, en realidad, no eran suyos. La sociedad se hacía con automóviles supuestamente para su flota, ya fuera mediante renting o pidiendo préstamos a bancos. Luego, vendía a particulares o a otras mercantiles los coches. En total, en la causa española se han contabilizado 3.468 vehículos vendidos de forma fraudulenta y se calcula un cantidad estafada de 48,5 millones de euros.

Autoclick disponía de sucursales en Palma, Barcelona, Madrid, Málaga y Alicante. Además, la firma tenía filiales en Italia, Francia, Bélgica, Polonia y Alemania. Es en torno a la primera en la que se ha formalizado otro procedimiento penal, del que se encarga la Fiscalía de Trento. La autoridades italianas acusan a Llinás de la venta fraudulenta de 1.189 coches y de la evasión de 30 millones de euros en impuestos. Tras cuatro años de investigación, el asunto estaba en el mismo punto que la causa española: en punto muerto con el principal investigado sin localizar y en busca y captura. Sin embargo, todo cambia ahora con la detención de Llinás. Todo se precipita después de que Il Corriere de la Sera se hiciera eco de la investigación el pasado día 18.

Esa publicación llevó a las autoridades taiwanesas de inmigración a actuar contra Llinás, con residencia legal en el país desde hacía años. Fue entonces cuando se iniciaron los trámites para su deportación exprés que han terminado con él en Alemania en prisión preventiva mientras se decide su futuro. En el caso de que sea enviado a España, su primer destino será el de la prisión madrileña de Soto del Real. Desde ahí pasaría a disposición judicial en Palma para que decida sobre su situación personal el juzgado de Instrucción 9, encargado de la causa.

En paralelo a la causa penal, un juzgado de lo Mercantil maneja el concurso de acreedores de Autoclick y su empresa matriz. En él hay personados medio centenar de acreedores, varios de ellos administraciones públicas, desde el Govern, a la Generalitat de Catalunya o la Comunidad de Madrid, además de los ayuntamientos de Sevilla, Madrid o Palma.