El conseller de Vivienda: «Hay que ir con mucho cuidado con toda limitación del libre mercado y la competencia»

Hace unos días el director de TUI hizo unas declaraciones sobre las protestas contra la saturación en Mallorca, defendiendo el «modelo danés», donde los extranjeros sólo pueden comprar propiedades para destinarlas a su lugar principal de residencia o negocio. Mateo, por su parte, resalta una diferencia fundamental con España: en Dinamarca, la excepción estaba ya recogida en el momento de su adhesión a la Unión Europea. Eso no impide, razonaba el conseller, estar «abiertos» a «nuevas herramientas» que puedan llegar desde Europa. En este punto ha recordado al anuncio de la presidenta Úrsula von der Leyen de crear una comisión específica para vivienda. «Si desde Europa se toma conciencia de que puede haber zonas extremadamente sensibles y que bajo determinados presupuestos puedan adoptarse determinadas medidas, nosotros seremos los primeros en escuchar atentos lo que se nos diga», ha apuntado.

Con todo, insiste Mateo en que con las reglas del juego actuales una limitación a la compra extranjera está «vedada normativamente». Y es que, en general, el conseller aboga por la prudencia y una sólida fundamentación jurídica para plantearse cualquier tipo de prohibición o restricción, como el límite de 25.000 vehículos de alquiler que propuso el Fòrum de la Societat Civil. De otro modo, sentencia, medidas de esa naturaleza no tienen «visos de continuidad».

Su departamento precisamente trabaja en un estudio de movilidad que servirá para regular las autorizaciones de VTC --buscan frenar un aluvión de nuevas licencias, con más de 10.000 solicitudes recibidas en 2023--, pero no contempla un techo de vehículos para los 'rent a car'. «¿En qué nos basamos para limitar unos y no otros?», ha argumentado el conseller. Por todo ello, para abordar estas cuestiones José Luis Mateo prefiere apostar por otro tipo de estrategias, recalcando que tanto los problemas de movilidad como los de vivienda son multifactoriales. Por ejemplo, el encarecimiento de los alquileres lo relaciona también con la inseguridad a la hora de arrendar: «Contamos con un parque que puede oscilar de 50.000 a 100.000 viviendas que ahora mismo están ocultas, porque no están siendo alquiladas porque el propietario se siente inseguro para alquilar».

Sobre esto, el entrevistado ha remitido al proyecto de 'Alquiler Seguro' que el Govern prevé lanzar el próximo otoño. Mateo confía en que será «uno de los programas estrella de esta legislatura», en la que también verán la luz nuevas leyes de Urbanismo y de Vivienda. «No será antes de final de 2025 que podamos hablar de textos a nivel parlamentario», ha anticipado.

El conseller ha defendido las medidas impulsadas por su predecesora, Marta Vidal; varias de ellas --la Ley de emergencia habitacional y la legalización en rústico en la Ley de simplificación-- están bajo la amenaza de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno. Sin embargo, Mateo se ve «optimista» de cara a las negociaciones con el Estado, subrayando el hecho de que no se discutan cuestiones de fondo, sino de forma. «Creemos que las medidas que estamos tratando de implantar aquí no son inconstitucionales», ha defendido el balear, que no obstante desearía que las instituciones no se «molesten» entre ellas pese a abordar el problema desde posturas ideológicas diferentes. «No creemos que deba hacerse de absolutamente ninguna materia, y menos de algo tan sensible como la vivienda, un arma arrojadiza», ha añadido. Además, el conseller ha apelado a la solidez legal de los decretos para mostrarse convencido de que la situación no implicará un freno a proyectos privados por inseguridad jurídica: «Hay máxima seguridad al respecto y creemos que desde el ámbito privado también se es consciente».

Al mismo tiempo, Mateo desmiente que se fíe todo al sector privado aclarando que, de forma paralela, el Govern no deja de apostar por la construcción pública: «Creemos que es esencial seguir trabajando en la promoción pública de vivienda, no queremos que quede ninguna duda». En esta línea ha avanzado que espera un aumento del presupuesto para edificación en 2025 y que quieren reforzar la estructura del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi). En este punto, el conseller ha denunciado que se ha encontrado promociones 'heredadas' de la legislatura anterior que «no se han podido ofrecer» por deficiencias técnicas, negando tajantemente que su equipo tenga viviendas paralizadas o retenidas como afirmaba el PSIB hace unos días. «Están todas las promociones en funcionamiento, de hecho algunas estaban sin comenzar», ha lanzado.

En cuanto a su relación con sus homólogos de Madrid, el conseller ha compartido que existe interlocución con Vivienda, pero «desde Transportes, no». «No sé decirte cuántas cartas se habrán mandado al Ministerio y no hemos recibido respuesta. Parece que sólo contempla reuniones cuando considera oportuno con Presidencia», ha dicho en alusión al ministro Óscar Puente, al que urge a establecer «una línea de comunicación fluida y natural». En transportes el conseller cree que en Madrid no se ha «acabado de reconocer la insularidad» e insiste en la necesidad de seguir trabajando tanto en el convenio de carreteras como en el ferroviario: «No ha habido ningún tipo de inversión estatal durante muchos años en esos ámbitos y es una inversión que necesitamos sí o sí, al margen del hecho diferencial de la insularidad».

Precisamente, la Conselleria trabaja en prolongar la red ferroviaria hasta el aeropuerto, sa Pobla y Alcúdia y, en este sentido, Mateo ha incidido en la necesidad de potenciar el transporte público, aunque «no tiene que ser la única medida». Mientras, está en el aire si continuará en 2025 la gratuidad del transporte público, ya que su financiación depende en parte del Estado. Mateo se ha quejado de que las ayudas estatales para hacerse cargo de este gasto no han llegado y eso ya genera «un problema sobre la mesa este año corriente». En este escenario, el Govern está dispuesto a seguir con la medida si se renueva el acuerdo --Mateo ha recordado que el año pasado se supo en el último momento--.

No obstante, el conseller ha expresado sus reservas a título personal: «Como ciudadano no sería muy partidario de seguir manteniendo la gratuidad. Creo que resulta esencial que los usuarios sean conscientes de lo que cuestan las cosas». Por último, en la entrevista el conseller ha avanzado que estudian herramientas para evitar agresiones a conductores del TIB como la ocurrida la última semana. «Controlar a todo tipo de personas que accedan a los vehículos es complicado, vamos a ver qué tipo de soluciones podemos arbitrar. Ya nos han hecho llegar algunas iniciativas y ya están siendo objeto de estudio por la Dirección General», ha informado.