Se trata de una tendencia que no deja de crecer desde 2016, cuando llegaron 11 menores. En los cinco años anteriores nunca habían sido más de cuatro en todo el año. Sin embargo, y desde entonces, no para de aumentar la cantidad de adolescentes que deciden arriesgar la vida para cruzar los más de 240 kilómetros que separan Baleares de Argelia, de donde procen la inmensa mayoría y desde donde suelen salir las embarcaciones que usan. Esto evidencia, según el IMAS, que ya se ha consolidado una ruta migratoria que temen pueda ir a más.
Lejos de ser una crisis migratoria de la envergadura de Canarias, donde en julio llegaron en patera casi 6.000 menores, los datos de Balears preocupan a los servicios sociales, que ya están sobresaturados porque jamás se concibieron para atender una situación como esta. El IMAS, dependiente del Consell de Mallorca, acoge a estos menores llegados de forma irregular, además de tutelar, adoptar o proteger otros menores desamparados. Actualmente, este servicio de acogida da cobertura a casi 1.100 menores. Del total, unos 480 están en acogida familias y 603 en el servicio de atención residencial, que dispone de 359 plazas y el resto están habilitadas de forma extraordinaria. Se trata de espacios de urgencia que se han tenido que ir preparando para poder ir asumiendo la llegada de jóvenes en patera. De los 603, hasta 303 son menores migrantes no acompañados, lo que representa más del 50 % del total, según datos del IMAS.
Sobrecoste económico
Esto repercute en el servicio de acogida residencial destinado para los menores nacidos en Mallorca, porque los extranjeros también requieren atenciones similares. Sin un aumento del presupuesto y de personal para absorber la demanda, desde el Consell temen que la situación les desborde si el Gobierno central no les ayuda económicamente. El presiente del IMAS, Guillermo Sánchez, cifró recientemente en 20 millones el coste añadido que le va a suponer la llegada continuada de menores a las Islas.
A nivel balear, con una situación que se replica en el resto de las Islas, la consellera de Afers Socials, Catalina Cirer, advirtió que podría elevarse a 40 millones. «No podemos dar la espalda a una situación que se desborda, la situación es grave y puede ir a peor», afirmó, criticando que no han recibido respuesta del Gobierno cuando les han planteado este problema. A la espera de la anhelada respuesta, Cirer ya anunció que colaborarán con los consells buscando espacios para residencias de primera acogida y de acogida posterior y que se comprometen a buscar recursos económicos que no se hayan gastado para subvenciones extraordinarias con el fin de paliar, aunque no será al 100%, el esfuerzo económico de los consells.
