Manifestación de un grupo de funcionarios ante el Consolat de Mar. | J. TORRES

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Cerca de 80.000 funcionarios de Balears siguen con el sueldo congelado desde enero. Todavía no se les ha aplicado el 2,5 % de subida que les corresponde, lo que empieza a causar malestar en el colectivo. El motivo de esta congelación es que el Congreso de los Diputados no ha aprobado todavía la ley que ampara la subida de sueldos por lo que el Gobierno estudia llevar al Consejo de Ministros de este martes la aprobación directa de esta medida.

La ley era inicialmente uno de los decretos ley anti crisis que estuvieron a punto ser rechazados por las discrepancias entre el Gobierno y sus socios de Podemos. El decreto que incluía la subida salió finalmente adelante, pero el Gobierno anunció su voluntad de tramitarlo como ley en el Congreso. Es ahí donde sigue congelado el texto a la espera de un acuerdo definitivo que desbloquee la subida. El aumento es del 2 %, al que se le sumará un 0,5 % más en función del IPC. No se sabe cuándo se cerrará el acuerdo definitivo porque depende de la actividad en el Congreso.

Todos congelados

La congelación afecta a todos los funcionarios de Baleares, trabajen donde trabajen ya que se trata de una disposición marco que emana del Gobierno central y que después deben aplicar el resto de las instituciones. Son casi 80.000 funcionarios repartidos entre los empleados públicos autonómicos, unos 50.000 en total, los que trabajan para la Administración central, que son más de 10.000 y todos los que lo hacen para los distintos ayuntamientos. En total son cerca de 80.000.

Esta congelación que se dilata en el tiempo obliga al Govern a hacer una previsión de pago a sus funcionarios ya que, si mañana se aprueba finalmente, deberá pagar la subida más todos los atrasos acumulados desde el mes de enero, lo que supone que en algunas cosas una subida equivalente a una nueva paga extra.

El vicepresident del Govern, Antoni Costa (iamgen circular), critica que este atraso responde al paralización del departamento que dirige la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «Es intolerable la paralización absoluta en la que se encuentra el Ministerio de Hacienda», asegura el vicepresident del Govern.

Señala que la debilidad del Gobierno impide que se aprueben los Presupuestos del Estado, algo que complica la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas, como sucede en el caso de la subida de sueldo de los funcionarios.

Además de la subida de sueldo para los funcionarios, que viene marcada por la norma estatal, el Govern está en estos momentos en plena negociación con los sindicatos de la función pública para cerrar un pacto de legislatura que dé estabilidad a los servicios públicos.

Reuniones

En una reciente reunión con la presidenta del Govern, UGT planteó además la posibilidad de fijar una serie de indemnizaciones por residencia para los funcionarios, de 400 euros en el caso de Mallorca, 600 para los de Menorca y 800 para los de Eivissa y Formentera. Govern y sindicatos están negociando cambios en la ley de función pública y los sindicatos piden que la ley de conciliación que ha anunciado Prohens incluya medidas específicas para ellos.

Altos cargos

A diferencia de lo que pasa con los funcionarios, los altos cargos del Govern, diputados del Parlament, asesores y personal de confianza ya tienen en sus nóminas la subida de sueldo del 5 % que se aprobó en los Presupuestos autonómicos y que después se trasladó a la Cámara balear. Sin embargo, aún tienen pendiente una subida adicional del 2,5 % que les corresponde en virtud de la subida general para todos los trabajadores de la administración. El Govern se subió el sueldo un 7,5 % para este año, el triple del 2,5 % estipulado para los funcionarios.