A falta de un día para que la medida cumpliera cuatro años, se acaba el secreto del ‘caso Puertos'. En un auto fechado el viernes y notificado ayer a las partes, la titular del juzgado de Instrucción 3 de Palma levanta de forma total el velo sobre la causa: Son nueve piezas al final y, de ellas, tres aún no se conocían. Son las que afectan de forma directa a un supuesto lucro del expresidente de la Autoritat Portuària, Joan Gual de Torrella y del marido de la jefa de la Abogacía del Estado, Dolores Ripoll. La tercera investiga un posible trato de favor a dos empresas para la explotación de un silo para almacenar cemento en el Port d'Alcúdia.
En el auto, la magistrada señala que el levantamiento del secreto es posible ahora, después de que el pasado día 16 de abril, la Guardia Civil registrara varios inmuebles, entre ellos la sede de la empresa de catering Plumbago S.L.. También alude a la confirmación reciente de que Suiza ha atendido una comisión rogatoria y que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha pedido la apertura de una caja de seguridad que había sido bloqueda.
Aunque la magistrada señala que aún falta un informe de la Guardia Civil sobre la pieza 7, esta investiga pagos a la empresa de catering. El auto sostiene que existen indicios de una vinculación personal indirecta entre Gual y Plumbago y que, durante el periodo en el que fue presidente de la Autoritat, se hicieron 24 pagos a esta mercantil por un total de 62.781 euros. Gual había sido administrador antes de una empresa del sector. De hecho, la misma resolución extiende la imputación al dueño de la sociedad por permitir que Gual obtuviera «para sí o para sus familiares un beneficio económico, ocultándolo».
La magistrada señala que, a expensas del análisis de lo obtenido en el registro de Plumbago S. L., en esa pieza se investiga un posible soborno, un delito de negociaciones prohibidas y otro de tráfico de influencias. Sobre las concesiones de Alcúdia, el auto mantiene que las empresas Sitges Reunides y Transpulve 2009 S.L. fueron favorecidas con distintas decisiones para mantener y prorrogar la concesión que tenían para explotar el silo de cemento. Esos hechos fueron denunciados en su momento por el GOB que estimaba que la APB había pasado a ingresar 131.938 euros anuales, cuando la anterior concesión implicaba 569.680 euros al año.
La pieza nueve investiga «los indicios de favorecimiento a la investigada señora Ripoll como abogada del Estado a través de su marido, en la contratación por la APB, a través de una empresa interpuesta y la influencia ejercida para dicha contratación».
El levantamiento del secreto cierra el catálogo de piezas en nueve. De ellas, dos se han archivado y otras dos, las de Eivissa y Menorca se han unido para un único juicio.
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