Madrid descarta la propuesta balear de dar incentivos a las terrazas que prohíban fumar

Sin embargo, «no se ha tenido en cuenta una de nuestras alegaciones prioritarias que es la voluntariedad de transformar espacios sin humo», explica la directora general de Salut Pública, Elena Esteban. Era una de las ocho alegaciones que ha hecho Baleares al Plan Integral de Prevención y Control de Tabaquismo (PIT) 2024-2027 que se ha discutido este miércoles en la Comisión Nacional de Salud Pública destinada únicamente a este tema, y cuyo documento definitivo se lleva este jueves al Consejo Interterritorial entre comunidades autónomas y Ministerio.

«Tampoco nos harán caso en que las cargas impositivas del tabaco sean finalistas para la lucha contra el tabaquismo», revela Esteban, quien reconoce que la reunión ha sido «intensa», pese a estar todos de acuerdo «en la necesidad de avanzar hacia una generación libre de tabaco en 2040». El problema radicaría en el «escaso margen de tiempo» que las diferentes autonomías habrían tenido para conocer el documento (advierten que se les entregó el martes por la noche).

La idea que manejaba el Govern casaba con la de los empresarios de la restauración de las Islas y chocaba contra la voluntad expresa de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares (AECC) que ve un avance en la prohibición fumar en las terrazas.

Por otra parte la Conselleria de Salut solicitaba que el Plan Antitabaco fuera acompañado de una memoria económica y de dotación presupuestaria, algo que también se habría obviado por parte del Ministerio.

«Sí se tiene en cuenta la transformación de los espacios en entornos saludables y la concreción en la definición de espacios privados donde prohibir fumar que pasarán a denominarse espacios sin humo de uso público y colectivo», relata la directora general, refiriéndose, sobre todo, a la posibilidad de prohibir el tabaco dentro de los coches.

Por otra parte, el Govern ha pedido conocer el grado de cumplimiento de la legislación vigente, pues en estos momentos fumar está prohibido en los aledaños de los centros educativos o de los hospitales algo que, quien más quien menos, habrá comprobado que no se cumple. «Hay que establecer claramente a quién corresponde la responsabilidad inspectora y sancionadora», rezaba el documento entregado hace una semana por Baleares.