El director general del IB-Salut, Javier Ureña, y el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa. | Teresa Ayuga

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El IB-Salut ha anunciado que pone en marcha una segunda y nueva vía administrativa para reclamar los 3,7 millones de euros que el anterior Govern pagó por unas mascarillas de calidad inferior a la acordada, a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, investigada dentro del caso Koldo.

La base de esta nueva reclamación pasa por declarar el contrato de 2020 nulo, lo que se solicitará argumentando tres motivos. El director general del IB-Salut, Javier Ureña ha enumerado primero la falta de solvencia económica de esta empresa, «ya que en los años previos ésta debe tener un volumen de facturación de acuerdo con el nivel económico del contrato»; después ha advertido de la falta de solvencia técnica «porque la mercancía servida no cumplía con las especificaciones técnicas solicitadas» y, por último, ha añadido el hecho de que el objeto social de la empresa «no tiene nada que ver con el suministro de equipos de protección individual».

En este caso, la actividad económica de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL estaría relacionada con sistemas generadores de electricidad. «Para que se entienda, es como si se cae un techo de un hospital y adjudicamos las obras con un contrato de Urgencia, que se puede, pero no a una empresa dedicada a la hostelería, que es lo que parece que ha pasado», ha ejemplificado Ureña. Así, pues, la falta de estos requisitos permitirían declarar el contrato nulo «y retrotraer todas las actuaciones derivadas de este acto jurídico».

El director del IB-Salut ha explicado también que el Govern desiste definitivamente de la anterior vía administrativa porque no se reclamaba el importe total, los 3,7 millones pagados por las mascarillas, sino sólo 2,6. Esa reclamación parcial, hecha en base a un incumplimiento de la empresa, «tenía pocos visos de prosperar», ha relatado Ureña, básicamente «por el certificado de correcta ejecución firmado en agosto de 2020».

Y aunque éstos son los motivos oficiales, Salut ha aprovechado el desistimiento para corregir sobre el expediente las dudas sobre su plazo de prescripción y «evitar malas interpretaciones» (las que siempre ha hecho el PSOE). Ureña ha reconocido que el documento «indicaba erróneamente que el plazo de resolución para este expediente era de tres meses pero tal y como hemos mantenido siempre, es de ocho», corrigió.

Paralelamente, el conseller del Hisenda del Govern, Antoni Costa, ha explicado que en estos momentos la dirección general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda ha aceptado y reenviado ya a Bruselas la descertificación del expediente que el Govern les remitió en su día pidiendo subvencionar el importe de las mascarillas con fondos Feder.

Este movimiento se hace aplicando un protocolo de antifraude y tiene una doble finalidad: por un lado que no afecte a futuros expedientes y por otro demostrar que es Baleares y no Europa, la administración deufraudada dentro del 'caso Koldo'.

Las claves
  1. Tercer intento de personarse en la causa

    El juez de la sala penal de la Audiencia Nacional ha desestimado ya en dos ocasiones, la personación del Govern en el ‘caso Koldo’ pero «estamos en plazo para recurrir esta decisión», dijo Javier Ureña. Además, explicó que la Abogacía de la comunidad analiza la personasción del IB- Salut en la causa abierta por la Fiscalía Europea.

  2. ¿Por qué no encajan las cifras de la UE?

    ¿Por qué cuando se acreditaron las mascarillas frente a Europa se pidieron 3,9 millones de euros si se pagaron 3,7? Según el conseller de Hisenda, Antoni Costa, por un coste añadido de transporte y de asistencia técnica que asciende a 200.000 euros que hizo incrementar el importe reclamado.

  3. La empresa puede presentar alegaciones

    ¿Qué pasará ahora? Salut considera que todo el procedimiento es nulo y así se lo ha comunicado a la empresa que ahora tiene 10 días hábiles para presentar alegaciones. Después, Salut hace un informe jurídico y lo traslada al Consell Consultiu, porque su pronunciamiento a favor es un requisito.