Los API de Balears instan al Govern a reactivar el Decreto de regulación del sector inmobiliario

«No hay regulación, ni límites, ni normativa, ni requisitos... cualquier puede vender sin complicaciones», asegura Artieda, quien deja clara la postura del Colegio y la Asociación de API, que solicita a las instituciones, en este caso al Govern, «que se agilice la regulación del sector. La compra del producto más caro que un ciudadano puede adquirir no está regido por una norma y eso puede ser peligroso para el consumidor, incluso para nuestro colectivo», añade.

Denuncian el «intrusismo y la falta de cualificación» de algunas personas que realizan esta actividad, lo que perjudica a la imagen del sector y los profesionales inmobiliarios de Mallorca y Baleares. «Un mal asesoramiento puede generar o derivar en problemas serios para el cliente», por lo que en sus reuniones con Habitatge, les han solicitado «que se reactive el Decreto, que ya estaba aprobado», aunque un informe «severo» del Consell Consultiu el pasado mes de marzo -en la recta final de la leguslatura- lo frenó en seco. «Ese informe entendió que se chocaba con la libre competencia, pero nosotros queremos dejar claro que vamos en defensa del consumidor, dándole herramientas», añade, a la par que confirma las gestiones para acelerar su puesta en marcha definitiva.

«Esperamos consenso o valentía política, o bien subsanar esas recomendaciones del Consell Consultiu, que es complicado, aunque sí que tenemos el compromiso del nuevo Govern para activarlo cuanto antes, dentro de los plazos legales», prosigue José Miguel Artienda, que junto al colectivo al que representa como presidente del Colegio y la Asociación de API en las islas toma la palabra al equipo que encabeza la consellera Marta Vidal y espera noticias.

Las líneas maestras de este Decreto regulador del sector inmobiliario en Baleares pasan por ofrecer una garantía al consumidor, a nivel de solvencia inmobiliaria, además de transparencia a la hora de recibir y trasladar información, como ordena la Ley estatal. La formación acreditada de los profesionales es otro requisito que se quiere trabajar para huir de oferta ilegal y dar mayor seguridad al colectivo y a los propios clientes.