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El Partido Popular ha registrado este lunes una Proposición de Ley de Transparencia y Control de cargos públicos, para el cierre de la Oficina Anticorrupción y, en su lugar, crear en el Parlament un registro de las actividades, intereses, renta y patrimonio de éstos. Así lo ha comunicado en rueda de prensa la portavoz parlamentaria adjunta del Grupo Popular, Marga Durán, quien ha explicado que el registro de esta Proposición de Ley es un documento «en el que se venía trabajando desde hacía meses» porque este partido «siempre ha defendido el cierre de la Oficina Anticorrupción» por «su coste desorbitado» y para «evitar las duplicidades constatadas». También, ha añadido, porque «desde su creación, esta Oficina se ha utilizado como herramienta política, para hacer daño a un partido».

Por tanto, la portavoz adjunta de los 'populares' ha negado que la Proposición de Ley se haya registrado con motivo de que la Oficina Anticorrupción haya acusado al director general de Emergencias del Govern, Sebastià Sureda, de liderar una presunta trama de corrupción urbanística en Campos desde el año 2015.

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En esta línea, Durán ha apuntado que la Proposición de Ley, que insta a la liquidación de la Oficina Anticorrupción en un plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la misma, «no pretende en ningún caso acabar con las funciones que esta tiene».

«Todas las funciones y obligaciones de dicha Oficina quedarán cubiertas, a través de un registro de actividades, intereses, renta y patrimonio de los cargos públicos», ha asegurado asimismo la portavoz adjunta 'popular', quien ha precisado que «los expedientes abiertos en la Oficina Anticorrupción pasarán a la Inspección General de Servicios, dependiente de la Dirección General de Función Pública; mientras, los cerrados quedarán en custodia en el Parlament».