Entre las cuestiones expuestas por el conseller, destaca la puesta en marcha por parte de la Direcció General de Recursos Hídrics de «un plan de reorganización, dotado de más recursos, para paliar la deficiente gestión en los últimos ocho años que ha generado unos 4.300 expedientes en proceso de resolución, destacando retrasos alarmantes de dos años en el Servei d'Aigües Subterrànies o de dos años y medio para informes de zonas inundables en el Servei del Domini Públic Hidràulic. Hay expedientes pendientes desde 2019».
En la misma materia de Recursos Hídrics, Juan Manuel Lafuente ha incidido en la inversión y modernización de infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua, especialmente la renovación, mejora, conservación y mantenimiento de las redes municipales de agua. Para ello, ha asegurado Lafuente, «la Conselleria destinará ayudas a los ayuntamientos a través de los consells insulars. Esta iniciativa no sólo ayudará a financiar los proyectos de renovación, sino que también asegurará que las actuaciones se lleven a cabo de manera estable, coordinada e integrada».
La financiación de esta iniciativa correrá a cargo de una partida finalista con recursos procedentes del canon de saneamiento, la recaudación del Impost de Turisme Sostenible (ecotasa) e inversiones estatales y de los fondos Next Generation.
Igualmente, el conseller ha anunciado la eleboración de la Llei d'Ordenació i Gestió Integral del Litoral de les Illes Balears, lo que vendría a ser la ley autonómica de costas.
El objetivo de la ley, según Lafuente, «es estructurar la costa y establecer la protección de construcciones históricas, como los escars. La ordenación se desarrollará de acuerdo con los planes territoriales insulares, con especial atención a la problemática de Formentera. Se trata de hacer compatibles la ordenación urbanística del litoral y su uso con la protección y la preservación, estableciendo claramente qué usos y servicios son admisibles y cuáles no».
El conseller ha recordado la situación de la Direcció General de Costes i Litoral, cuyas competencias fueron transferidas el pasado 1 de julio «con falta de personal y unos 2.000 expedientes pendientes de atención, algunos desde hace años. Deberíamos contar con un equipo de 38 personas, pero actualmente sólo trabajan 18. En Eivissa y Fomentera no hay vigilantes y en Menorca sólo hay uno».
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