El suceso tuvo lugar el 28 de febrero de 2001 en un hotel de Cala Millor. El trabajador, un albañil trabajaba en la azotea del edificio en obras desde un andamio cuando se cayó y sufrió graves daños en una pierna. Sin embargo no formalizó denuncia alguna por esos hechos hasta casi un lustro después, casi en el borde de la prescripción total del asunto. De hecho, buena parte de las irregularidades que alegaba estaban ya prescritas y solo pudo actuar contra la empresa sin poder formular cargos penales contra otros responsables de la obra.
Además de la condena al promotor, en el juicio de ayer fueron absueltos, al retirarse la acusación contra ellos, otras dos acusadas: la hotelera que promovía la obra y la mutua, además de la empresa aseguradora del primero. Junto a la condena, el trabajador recibirá una indemnización de 55.000 euros por las secuelas que sufrió como consecuencia el accidente.
Junto al retraso en la denuncia, otros errores provocaron el retraso monumental del caso: en primer lugar el trabajador acudió a un juzgado de Málaga, que se inhibió y remitió las actuaciones a Manacor, un partido judicial en el que retrasos en instrucciones de años no son extraños en absoluto. Algo similar ocurre con las investigaciones por delitos relacionados con accidentes laborales, generalmente muy complejos y cuyas instrucciones también se demoran mucho. En este caso se juntaron todos estos factores para producir ese retraso y otros menos habituales. El juicio llegó a estar señalado hace tres años en el mismo juzgado de lo Penal sin que, en ese momento, fuera posible alcanzar un acuerdo entre las acusaciones y las defensas. Incluso llegó a estar señalada una vista previa el pasado mes de mayo en la que tampoco se alcanzó un pacto. El pacto de ayer cierra de forma definitiva el asunto.
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