La amnistía urbanística que prepara el Govern enciende las alarmas en el PSIB

El nuevo Govern apuesta por la legalización de construcciones que estén fuera de ordenación, siempre que sea a cambio de rehabilitar el inmueble con medidas de eficiencia energética e hídrica, y el pago de una sanción. Con el dinero que se recaude, el Govern hará actuaciones ambientales o de promoción de suelo público. Por lo que respecta a las urbanizaciones ilegales que ya están plenamente consolidadas, como algunas que hay en la periferia de Palma, el Govern creará una figura jurídica que permita a sus habitantes disponer de servicios urbanísticos, como el saneamiento y agua potable, para evitar degradación.

La Ley de Ordenación y Uso del Suelo que impulsó el conseller Gabriel Company permitió legalizar 1.479 proyectos urbanísticos en suelo rústico con presupuesto superior a los 184 millones de euros. Son datos de la estadística elaborada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (COAIB), que recogió las labores de legalización de estas viviendas.

Para el exdirector general d'Habitatge del Govern y actual conseller socialista en Menorca, Eduardo Robsy, esta amnistía previo pago de una simple sanción y unas pequeñas obras «supone ir en contra de la esencia de la ordenación misma». «Se abre una nueva veda especulativa de viviendas que hoy no lo son, y estarían condenadas a su derribo o a su no renovación», señala Robsy. Añade que la sanción no sería más que un nuevo impuesto y se pregunta qué más le da «al ricacho de turno» pagar un poco más por su chalet en suelo rústico protegido.

Robsy recuerda, además, que en estos momentos ya existe la opción de ceder suelo público a los promotores para que hagan vivienda de alquiler a precio tasado, si bien esa medida no se llevó a cabo en la anterior legislatura. En cualquier caso, Robsy precisa que estas propuestas serán positivas si de las viviendas que se construyen son VPO. Insiste en que hace falta vivienda asequible, «pero necesitamos, además, que ésta acabe necesariamente en manos de las familias de Balears». Ahora mismo hay unas 6.000 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda.