La saturación de los servicios de la Administración del Estado en Balears alcanza su límite

El problema se ha visto agravando con un incremento poblacional constante que no tiene visos de enfriarse en los próximos años, sino todo lo contrario. La población residente en Baleares se ha incrementado en casi 130.000 personas en los últimos diez años, más del 11 %. La población flotante, igualmente, también ha aumentado especialmente con el crecimiento de las llegadas turísticas, que en meses de temporada alta consigue que el número de personas en las Islas duplique el de los residentes. El número de funcionarios de la Administración, por contra, sigue constante y los trabajadores cada vez más desarmados para atender las necesidades ciudadanas. Calvo, secretaria de Ocupación y Formación de Comisiones, señala que «tenemos el mismo déficit o más que en el resto de territorios por el precio de la vivienda, de la cesta de la compra y de la vida en general. No, Balears no es atractivo para los funcionarios». Prueba de ello, explica, es que los funcionarios más veteranos se van jubilando sin que se divise un relevo generacional. Las oficinas de Extranjería o de la Seguridad Social, asegura, «son simplemente los centros en los que más se está notando este problema porque es donde más ciudadanía acude», indica.

Fernando Martorell es responsable del Sector de la Administración General del Estado (AGE) en UGT-Baleares. El pasado miércoles acudió a las oficinas de la Seguridad Social en Palma como portavoz de la plataforma multisindical Insularidad Digna, con el objetivo de informar a los ciudadanos sobre las razones de su espera y que no lo paguen con el funcionario de turno que acabe atendiéndolos. «Repartimos octavillas y hablamos con la gente que estaba en la cola para que entendiera que es un problema del Gobierno del Estado», explica Martorell para señalar que en Baleares harían falta unos 1.000 funcionarios para paliar la falta de efectivos que padecen las instalaciones de la Administración General del Estado, que actualmente cuentan con unos 10.000 trabajadores. Ese millar de trabajadores de refuerzo sería simplemente un comienzo para empezar a dar un servicio medianamente normalizado, a pesar de que el porcentaje de trabajadores que haría falta en algunos puntos en momentos concretos, como en Extranjería, pueden llegar al 40 %.

Tiempo límite por usuario

Martorell critica que desde el Ejecutivo central, lejos de plantear soluciones válidas, impulsan consignas para reducir el tiempo de atención por ciudadano como sistema para hacer más fluida la atención, lo que deteriora aún más la calidad de servicio. «Quieren paliar el problema apretando más al personal y dando carpetazo en diez minutos a las necesidades de cada ciudadano cuando en algunos casos no basta ni media hora», denuncia Martorell para añadir que los primeros damnificados son precisamente unos usuarios «que han perdido mucho tiempo e incluso dinero en aparcamiento para acudir allí». La atención por vía telefónica, que no escapa a la saturación del servicio, tampoco es una opción. «Lo más indignante es que estamos dando peor servicio que otras comunidades autónomas».