Colapso en los juzgados de lo Contencioso: señalan juicios para mayo de 2025

En Balears son tres los juzgados de lo Contencioso. En autonomías como Asturias o Extremadura tienen seis; en Murcia hay siete y en Canarias ocho. A esa falta se suma un incremento sostenido del número de asuntos que ingresan cada año. En 2015, los ciudadanos y empresas de las Islas recurrieron en esta instancia judicial 1.589 decisiones de las administraciones públicas. El año pasado esa cifra había aumentado hasta 2.705; un 70 por ciento más.

De acuerdo con las cifras que marca el Consejo General del Poder Judicial de asuntos a resolver por cada juzgado unipersonal, a los jueces de lo Contencioso en Balears les tocan más de 300 casos más de lo debido. De hecho, según los cálculos de la Memoria del TSJIB del año pasado eran necesarios 1,7 jueces más para absorber esa carga de trabajo.

La situación se ha deteriorado en los últimos años porque es la única jurisdicción en la que ni siquiera la pandemia produjo una reducción en el número de asuntos que entran, todo lo contrario. Los juzgados han comprimido las agendas para intentar avanzar los señalamientos pero, ahora mismo solo son capaces de resolver de forma rápida asuntos urgentes como los que afectan a derechos fundamentales o medidas cautelarísimas. Los procedimientos abreviados o ordinarios son los que más se dilatan en el tiempo y la vista para practicar prueba tarda años normalmente. El enorme retraso en las vistas ha provocado ya numerosas quejas de abogados cuyos representados han tenido primero que agotar un procedimiento administrativo previamente.

A fecha de uno de enero de este año estos juzgados tenían algo más de 2.959 asuntos pendientes por resolver y, en 2021 habían resuelto 1.925. En los últimos años se han ensayado distintas fórmulas para reforzarlos. Incluso se han llegado a enviar expedientes judiciales a la Península para que sean resueltos por magistrados de otros territorios en comisión de servicios.

Los juzgados de lo Contencioso resuelven sobre cualquier demanda contra una decisión adoptada por una Administración. En Balears se traduce en un muy elevado número de recursos en materias como extranjería, liquidaciones de impuestos, urbanismo o costas, que además suponen asuntos de mayor complejidad que los que se plantean en otros territorios que cuentan con una mayor planta de estos órganos.