Urdangarin busca que el Supremo le baje la pena y no tenga que ingresar en prisión

La sentencia del tribunal imponía al cuñado del Rey una pena de seis años y tres meses por cinco delitos diferentes: dos contra la Hacienda pública, uno de fraude a la Administración, un tráfico de influencias y uno de prevaricación en concurso con malversación y falsedad. Por separado, sólo por esta última condena la pena supera los dos años de prisión que obligarían a cumplir esa sentencia en la cárcel. Así, el objetivo prioritario de la defensa de Urdangarin es rebajar esos delitos, los que se le impusieron por contratar con el Govern un observatorio permanente del turismo que nunca se llevó a cabo y otro contrato vinculado al patrocinio del equipo ciclista Illes Balears. De los 16 motivos de casación que la defensa ha planteado al Supremo, 14 atacan esa condena en particular. A Urdangarin no le importan tanto el resto de delitos como los delitos fiscales y sólo plantea pedir ser exculpado.

La mayoría de los argumentos que la defensa plantea ante el Supremo ya los intentó antes ante la Audiencia. Por ejemplo, sostiene que no puede ser condenado como inductor de una prevaricación porque no es funcionario público y, por lo tanto, no tomó ningúna decisión en el proceso.

Un interés similar por esos delitos al que ha puesto la defensa viene también de las acusaciones. La Fiscalía, en su recurso, intanta subir esa pena de dos años y siete meses hasta más allá de los cuatro. Entiende que se tenía que aplicar un tipo agravado de malversación tanto a Urdangarin como a Diego Torres ante las elevadas cantidades que se defraudaron, 600.000 euros en total.